El Ejecutivo mantiene suintención de reformar la Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83), ante la necesidad de establecer un marco legal para el cierre técnico de operaciones petroleras.

Sin embargo, pese a que la propuesta ha sido calificada como “urgente” por el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, aún no se ha definido una fecha para su presentación ante el Congreso.

Las declaraciones tienen relación con el proceso para la compañía petrolera Perenco Guatemala Limited, que desde 1985 opera en el campo Xan, Laguna del Tigre, Petén, y tiene como fecha de cierre agosto de 2025.

La operación de la compañía en el país representa más del 85 % de la producción nacional de petróleo, según datos hasta agosto de 2024.

Los registros del Ministerio de Energía y Minas refieren que, en 2022, hubo de 2.2 millones de barriles producidos, un 86 % (1.9 millones de barriles) fueron extraídos por Perenco.

Aunque el plazo final del contrato se aproxima, con cuatro meses, y que, según Ventura, existe un vacío legal, no precisó la fecha exacta en que se estará presentando la nueva propuesta.

A pesar de que el Ejecutivo sostiene que se trata de una reforma legal urgente y que, además, se analiza un aumento de regalías, únicamente aseguró que esperan que se presente “lo más pronto posible”, sin ampliar detalles de su contenido.

“La figura de cierre técnico no aparece en la Ley de Hidrocarburos de 1983. Es una falla, una falencia. Es necesario hacerle seguimiento”, insistió Ventura a medios de comunicación este martes 1 de abril, previo a una citación en el Congreso de la República.

Desde el 25 de marzo de 2025, el Ejecutivo indicó que sigue en la línea de hacer otra propuesta distinta a la iniciativa 6021, que también propone reformas a la Ley de Hidrocarburos y crea otra modalidad de plazos para los contratos de explotación de petróleo.

Según Ventura, no apoyan esta propuesta debido a que otorga prórrogas consecutivas de 25 años a los contratos de explotación petrolera, pero no considera el marco de cierre ordenado para la restauración del parque ecológico.

Sin embargo, aun sin una propuesta de reforma definida, Ventura insistió en que a partir del próximo 13 de agosto de 2025 se prevé el cierre de 61 pozos en la Laguna del Tigre.

Reconoció que Guatemala no cuenta con una empresa petrolera estatal ni con experiencia para manejar la operación.

“No tenemos una empresa petrolera estatal ni contamos con esa experiencia. Tendríamos que buscar acompañamiento para hacer el cierre de los pozos e iniciar la recuperación”, afirmó.

Sobre los precios por el cierre, Ventura dijo desconocer los montos aproximados. “No tengo idea de cuánto cuesta cerrar los 61 pozos, pero hay otros costos asociados”.

Además, indicó que si no se aprueba la propuesta, que aún no han presentado, se incurriría en gastos.

“Si no se aprueba la ley, habría que buscar otro mecanismo que cumpla con los estamentos legales existentes, lo que sería oneroso para las finanzas del país”, declaró.

Aunque se avance con la parte legal, que obligatoriamente debe ser tramitada y aprobada por diputados del Congreso de la República, el tiempo estimado para el cierre se extenderá por mucho más tiempo. “Entre cuatro y seis semanas por pozo, lo que equivale a entre cinco y ocho años en total”, especificó.

El Ejecutivo trabaja en una ley que permita crear la figura de cierre para la restauración ambiental sobre explotación petrolera. Según el ministro del @MEMguatemala en el mejor de los escenarios el cierre de Perenco demoraría hasta 8 años.@Guatevision_tv@prensa_librepic.twitter.com/HBpMjzbhtO

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) April 1, 2025

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, explicó que se busca crear un mecanismo de cierre ambiental para empresas extractivas, ya que la actual Ley de Hidrocarburos no contempla esta obligación.

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Discusión sigue extendiéndose

La discusión de las reformas no es un tema nuevo para el Gobierno y la cartera de Energía y Minas.

Ante la falta de aprobación de reformas, la empresa Perenco inició en 2023 el proceso de abandono de pozos y presentó un plan de restauración ambiental.

Desde entonces, se ha estimado que su retiro, sin un plan de contingencia por parte del Gobierno, podría afectar la producción local de petróleo y asfalto, así como el funcionamiento del oleoducto.

Desde 2022, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que proponía permitir la continuidad de las operaciones petroleras mediante prórrogas basadas en el “límite económico”. Sin embargo, la propuesta no avanzó en el Congreso durante la administración anterior, lo que generó incertidumbre en la industria.

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