La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves 3 de julio la ampliación número cuarenta del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales en la “guerra contra las pandillas” del Gobierno de Nayib Bukele.

La ampliación de la medida, en vigor desde marzo de 2022 y que, de acuerdo con diversos analistas, también se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados.

El Órgano Legislativo justificó la ampliación de la medida en que “durante el período reciente del régimen de excepción, las labores de inteligencia policial han confirmado la persistencia de actividades criminales por parte de las pandillas que buscan mantener su operatividad”.

“Se han identificado intentos de reorganización mediante el reclutamiento de nuevos miembros, la coordinación de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la extorsión, el uso de redes de colaboradores para sostener sus operaciones en zonas urbanas y rurales”, indica el decreto legislativo aprobado.

Esta ampliación implica que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a quince.

El régimen de excepción, que la fecha deja más de 87 mil 100 capturas, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Esta medida extraordinaria se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6 mil 400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 415 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.