Un total de 116 personas de nacionalidad mexicana fueron atendidas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) durante una jornada de renovación del Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias, en la aldea Guailá, municipio de La Democracia, Huehuetenango.

Durante tres días, el equipo multidisciplinario del IGM renovó 112 estatus y concedió 4 nuevos, como parte del seguimiento a quienes permanecen en territorio guatemalteco tras huir de la violencia generada por el narcotráfico en el estado mexicano de Chiapas.

Las atenciones incluyeron verificación migratoria, orientación legal, asistencia psicológica y entrega de kits de alimentación. El personal de Migración estuvo conformado por profesionales de las subdirecciones de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes y de Control Migratorio.

“Esta labor responde a nuestro compromiso con los derechos de las personas migrantes, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad”, explicó un comunicado del IGM.

En agosto pasado, el instituto había otorgado 248 estatus humanitarios en esta misma localidad. Las personas beneficiadas son familias enteras, en su mayoría desplazadas por los enfrentamientos entre carteles del narcotráfico que operan en la región sur de México.

Según datos oficiales, más de 600 mexicanos llegaron a Guatemala en el 2024 escapando del conflicto en Chiapas. Aunque muchos ya han retornado, decenas permanecen en comunidades fronterizas, bajo resguardo temporal y sin haber solicitado asilo formal.

Analistas han advertido que el recrudecimiento de la violencia en esa zona —principalmente entre los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa— ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de personas.

Guatemala, a través de sus instituciones migratorias, ha reforzado los mecanismos de atención humanitaria, priorizando el respeto a los derechos humanos y el acompañamiento institucional.

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