La regulación de los procesos electorales y de los partidos políticos es clave para asegurar la transparencia, la equidad y la representatividad en cualquier democracia. En Guatemala, sin embargo, a lo largo de unas cuatro décadas, las reformas y propuestas normativas parecen alejarse de esa misión fundamental. En lugar de promover la participación y la competencia, las reglas han evolucionado hacia un entramado de requisitos formales y burocráticos que terminan por dificultar la entrada de nuevas opciones políticas y consolidar a los actores existentes. Este fenómeno, lejos de fortalecer la democracia, la debilita y limita el espacio para el debate ideológico en torno a la búsqueda del bien común.

En sus inicios, la regulación electoral en Guatemala buscaba garantizar procesos justos y accesibles, con el objetivo de construir una democracia funcional y participativa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos han puesto el énfasis en los formalismos: requisitos excesivos para la inscripción de partidos, controles administrativos engorrosos de la publicidad y el proselitismo y trámites que poco tienen que ver con la esencia democrática.

El foco se ha desplazado de los principios al papeleo. El resultado es un sistema que privilegia el cumplimiento de requisitos formales sobre la apertura real a nuevas voces y propuestas.

De acuerdo con un reportaje publicado por Prensa Libre el pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha propuesto modificaciones al reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, lejos de abrir la participación y el debate ideológico y político, establecen aún más barreras para el funcionamiento y permanencia de partidos. Salvo un par de excepciones, las demás son de forma y procedimiento. En otras palabras, el TSE refuerza un sistema cerrado donde solo los partidos consolidados pueden sobrevivir, mientras que los nuevos aspirantes se ven ahogados por la burocracia y el exceso de requisitos.

El principal efecto de estos formalismos es la cartelización del sistema de partidos que, lejos de enfrentar en la palestra pública las grandes cuestiones nacionales desde una perspectiva ideológica clara, derivan en una suerte de clubes exclusivos, donde la prioridad no es el debate de ideas ni la representación de intereses ciudadanos, sino la intermediación entre grupos de interés por cuotas de poder y privilegios legislativos o regulatorios.

Las reglas actuales no promueven ni mayor participación, ni apertura, ni libertad, ni transparencia. Al contrario, desincentivan a ciudadanos y colectivos que podrían aportar renovaciones necesarias a la política guatemalteca. El resultado es una democracia formal, pero vacía de contenido y alejada de las necesidades reales del país.

En este contexto, la regulación electoral se ha convertido en una herramienta para cercar el mercado político. Quienes controlan el sistema dictan las reglas, asegurando su permanencia y forzando al TSE a consolidar el cartel.

Guatemala necesita un marco normativo que priorice la apertura, la libertad y la competencia real, donde los partidos se formen y compitan por ideas y no por su capacidad de navegar el bazar de privilegios y fondos públicos. Solo así la democracia podrá cumplir su función de canalizar el debate público hacia el bien común, según la perspectiva ideológica de cada partido.

Para revertir este rumbo, es urgente repensar la regulación electoral. Más que aumentar los requisitos y formalismos, el país necesita reglas claras, simples y orientadas a facilitar la participación ciudadana. La democracia solo se fortalece con pluralismo, transparencia y competencia, no con exclusión ni formalismos vacíos.