Después de dos días de que pobladores de varias comunidades bloquearan el paso en el km 279 de la ruta CA-13, en San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal, la circulación fue habilitada luego de que se alcanzaran acuerdos para analizar la legalidad de un proyecto minero en el lugar. Sin embargo, los inconformes dieron un ultimátum a las autoridades.

Funcionarios se presentaron el martes 8 de abril al lugar del bloqueo y confirmaron a los manifestantes que existe una licencia ambiental vigente para dicho proyecto de explotación minera, por lo que se comprometieron a revisar la legalidad del mismo.

Uno de los primeros pasos será efectuar una visita el miércoles próximo al área donde se pretende ejecutar el proyecto, el cual, según los pobladores, afectará el suministro de agua debido a que pone en riesgo el cerro Santa Cruz.

Los manifestantes exigen que se deroguen todas las licencias relacionadas con dicho proyecto minero y, de acuerdo con medios locales, dieron plazo hasta el viernes, pues de lo contrario retomarán las medidas de hecho.

El diputado Edgardo Ramírez participó en la mediación y propuso, en una publicación en redes sociales, que se inicie el proceso para que el lugar sea declarado área protegida.

Además, los inconformes solicitan que todas las negociaciones sean abiertas para garantizar la legalidad del proceso. Aseguran que son cinco las licencias que se deben derogar.