En muchas sociedades, como la guatemalteca, persiste la creencia de que el desarrollo y bienestar dependen principalmente de la presencia de profesionales altamente capacitados en las organizaciones empresariales, mientras que la administración pública es vista como un destino secundario para el talento. Sin embargo, esta visión es un error de fondo que puede tener consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad.

Cuando el Estado asume sus funciones esenciales de forma razonable —proporcionando seguridad personal, justicia, infraestructuras básicas y un respaldo solidario y subsidiario para quienes no logran alcanzar niveles dignos de bienestar a través del mercado—, la calidad del servicio público depende de la competencia de quienes lo ejercen. En otras palabras, los profesionales y técnicos que trabajan en la administración pública deben estar a la altura, o incluso superar, a sus pares del sector privado en conocimientos, compromiso y ética.

La seguridad, la justicia y las infraestructuras no son servicios que puedan dejarse en manos de la improvisación o la mediocridad. Al contrario, requieren una gestión rigurosa, conocimientos especializados y una vocación de servicio que solo los profesionales más preparados pueden ofrecer. Si el Estado funciona correctamente y garantiza estos derechos fundamentales, crea el entorno propicio para que las empresas prosperen y los ciudadanos disfruten de una vida plena y digna.

El respaldo solidario y subsidiario del Estado, especialmente para los sectores vulnerables, implica tomar decisiones complejas que afectan directamente la vida de las personas. La administración de recursos públicos, la formulación de políticas sociales y la gestión de infraestructuras requieren un alto grado de responsabilidad y competencia. Un profesional competente en el sector público no solo debe dominar su área técnica, sino también comprender el impacto social de sus acciones y responder a altos estándares éticos.

Además, la confianza ciudadana en las instituciones públicas se construye sobre la base de la transparencia, la eficiencia y la justicia en la gestión. Cuando el Estado cuenta con profesionales capaces, se fortalece la legitimidad institucional y se combate la corrupción y el clientelismo, males que suelen asociarse con una administración pública débil y poco profesional.

Por otro lado, el sector privado tampoco puede prosperar si el Estado no cumple eficazmente sus funciones. Las empresas necesitan seguridad jurídica, infraestructuras adecuadas y un entorno estable para invertir y crecer. Todo esto depende del buen hacer de los profesionales en la administración pública. Así, la idea de que el talento debe orientarse preferentemente hacia el ámbito empresarial es miope y contraproducente.

En conclusión, la sociedad necesita, tanto como en el sector privado, profesionales competentes en la administración pública. De hecho, en muchos casos, la responsabilidad y el impacto de los servidores públicos en el bienestar general exigen aún mayor excelencia y compromiso. Despreciar la importancia de la competencia profesional en el Estado es, sin duda, un error que puede hipotecar el futuro de cualquier país. Apostar por la formación y el reconocimiento de los funcionarios públicos es apostar por una sociedad más justa, segura y próspera para todos.

Una reforma institucional que libere a la sociedad guatemalteca del clientelismo que ha sepultado la profesionalidad en las administraciones públicas, no es imposible. Es difícil, pero no imposible.