El lunes 16 de mayo de 2022, después de un controvertido proceso, el presidente de la República nombró y juramentó como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público a la doctora María Consuelo Porras Argueta, para un segundo período de cuatro años al frente de dicha institución, “cuyo principal objetivo es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, correspondiéndole “el ejercicio de la acción penal pública”, persiguiendo la “realización de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece”, de acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley del Ministerio Público (MP). De manera que será dentro de un año cuando el actual presidente de la República deberá nombrar y juramentar a quien deba suceder a la doctora Porras Argueta.

Al tomar posesión, la actual fiscal general (FG) expresó: “Jamás toleraré ningún tipo de injerencia ni presión en el desarrollo de las investigaciones. Estas serán siempre rigurosas, respetuosas de los derechos humanos y de las garantías procesales estrictamente enfocadas en el cumplimiento de la ley, por lo que quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la misma, sin importar quién sea”.

Siendo este cargo tan importante, poderoso y clave para que prevalezcan la seguridad y la justicia en el país, la legislación establece que, aunque constitucionalmente el presidente de la República puede remover al FG, solo puede hacerlo por causa justa, debidamente establecida por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria.

Como es de conocimiento público, el presidente Arévalo ofreció a sus votantes, como promesa de campaña, que removería a la FG, para lo cual remitió al Congreso de la República una reforma a la Ley del Ministerio Público (artículo 14) que, de ser aprobada, todavía habría que decidir, seguramente por la Corte de Constitucionalidad, si esta reforma tuviese efecto inmediato o sería aplicable únicamente a partir de la toma de posesión del próximo FG, en mayo de 2026.

En cualquier caso, el presidente de la República no puede nombrar al cargo a quien se le antoje, sino que está obligado a escoger de una nómina de seis candidatos que le propone la Comisión de Postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios y el presidente del tribunal de honor de dicho colegio.

Pero, indefectiblemente, será el presidente de la República quien elegirá a la persona que sucederá a la actual FG. Quizás esto explicaría que, contra reloj, contra viento y marea, podría estarse acelerando una persecución judicial contra el presidente Arévalo, a fin de defenestrarlo antes de la fatídica e inexorable fecha del 16 de mayo de 2026, cuando deberá tomar posesión el nuevo jefe del MP.

Sería muy lamentable que por enésima vez vivamos otra crisis política e institucional de tal magnitud, con los consiguientes efectos económicos, políticos y sociales, como ha sido casi una constante, aproximadamente cada 10 años, desde 1944. Haciendo memoria, en 1954, 1963, 1974, 1982, 1993, 2003, 2015 y, ahora, en 2025. Ojalá no se repita la historia que, en mayor o menor grado, tanto daño le ha causado al país, retrasando las posibilidades de un desarrollo humano continuo, institucional, económico, social, ordenado e integral.