En recuerdo del gran ex presidente uruguayo José (Pepe) Mujica, quien falleció el 13 de mayo. Hasta Uruguay, su pueblo y gobierno saludo fraternal y solidario. Se sentirá ausencia del estadista revolucionario, ejemplo latinoamericano de compromiso social, sencillez, honestidad, consistencia y aplomo. Deber cumplido. Descanse en paz presidente Mujica.

En países como Guatemala donde existe profunda desigualdad, racismo y discriminación social estructurales e históricos, se mezcla en la sociedad un alto grado de polarización que se alimenta de fenómenos negativos como intolerancia, fundamentalismos religiosos y políticos, estigmas, prejuicios, narrativas de odio e irrespeto a la dignidad de otros seres humanos. Todo esto estimula pensamientos y actos que terminan con el uso de métodos violentos tanto al interior de la sociedad como del Estado.

Guatemala atravesó por un Conflicto Armado Interno que le dio tiro de gracia a la polarización social, ese conflicto agravó y socavó más dicha situación debido al uso excesivo de la fuerza por parte del aparato represivo del Estado. Durante la existencia de las sucesivas dictaduras militares entre 1954 y 1985 se agudizaron las prácticas violentas y represivas de policías y militares.

En ese contexto hubo violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o involuntarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias e ilegales. Organizaciones y actores sociales de todo tipo, opuestos a la dictadura fueron víctimas de represión selectiva e indiscriminada.

Para muestra un botón. En mayo de 1984 casi la totalidad de miembros del secretariado de la centenaria Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), máxima entidad estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) única universidad pública del país, fueron detenidos de forma ilegal, torturados y luego desaparecidos o ejecutados por elementos del ejército y policías del régimen militar encabezado por el general Oscar Humberto Mejía Vítores.

De conformidad con el documento oficial descubierto y denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, la antigua Policía Nacional (PN) registró mediante fichas personales cada una de las detenciones. Este y otros casos similares elevan a 183 personas detenidas, torturadas y desaparecidas en mayo 1984. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

En ese año, no menos de 600 dirigentes sociales de sectores sindicales, religiosos, indígenas, campesinos, políticos, académicos, intelectuales, profesionales y estudiantiles fueron detenidos desaparecidos por los aparatos de seguridad del Estado. Algunos de los mártires estudiantiles son: Carlos Ernesto Cuevas Molina, presidente del comité ejecutivo de la AEU. “Oliverio Castañeda de León”, estudiante de Sociología. Sergio Leonel Alvarado Arévalo, estudiante de Ciencias Económicas y miembro dirigente de la AEU. Rubén Amílcar Farfán, estudiante de Humanidades, dirigente de la AEU y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad (STUSC). Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, Irma Marilú Hichos Ramos y Héctor Alirio Interiano, todos dirigentes de la AEU.

Por estos hechos, algunos militares responsables fueron detenidos, juzgados y condenados por los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial e incumplimiento de deberes de la humanidad.

La lista sigue y suma cientos de miles de personas que continúan sin aparecer, la responsabilidad es atribuible al Estado y sus agentes. Según el informe para el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos, se reclama la desaparición de más de 45,000 mujeres, hombres, adolescentes y ancianos. Esta es una historia de terror, de la cual las familias de personas desaparecidas siguen en su incansable calvario de buscar a sus seres queridos.

Ahora que se anuncia la visita a Guatemala de expertos internacionales de derechos humanos, es ocasión para recordar estos actos perversos, reiterar el reclamo por saber dónde están los restos de personas desaparecidas, renovar solidaridad con las víctimas y sus familias, dignificar el legado de lucha de los mártires y continuar exigiendo verdad y justicia.