La demanda de seguridad ha impulsado el crecimiento del sector de la seguridad privada en Guatemala, a tal punto que la cifra de guardias privados en el país es de unos 110 mil, entre registrados y no registrados, y ese monto casi triplican a los 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La operación ilegal de los guardias de seguridad privada salta a la vista y es un problema ya identificado entre las autoridades y agrupaciones de prestadores de ese servicio.

Hasta abril de 2025, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), del Ministerio de Gobernación, tenía registradas a 273 empresas de seguridad privada autorizadas y 23 mil 872 guardias. En el 2023 había 259 entidades prestadoras de servicio.

Además, por cada agente, se registra un promedio de tres armas de fuego de diferentes calibres. De acuerdo con laDigessp, las empresas de seguridad privada reportan 109 mil 173 armas de fuego registrada. Aproximadamente, el 30% son revólveres, 49% escopetas y 21% pistolas.

Hasta diciembre de 2023 las empresas habían reportado ante la Digessp que les habían robado 17 mil 378 armas y 390 más las habían perdido.

Un riesgo

La operación ilegal de los servicios de seguridad privada pone en riesgo la vida y seguridad de las personas, asegura el titular de la Digessp, Jorge Santizo y señala que el reto como sector es que todos los guardias y empresas estén regulados, para evitar que los usuarios contraten a personas sin experiencia o con antecedentes penales y policíacos.

La contratación de guardias no registrados es un peligro, ejemplifica Santizo, porque conocen a los inquilinos de los condominios y comercios, y podrían usar ese conocimiento para cometer hechos delictivos.

César Mérida, de la Asociación de Profesionales para la Prevención de Riesgos y Protección Integral (Apripri), comentó han identificado el servicio irregular de al menos 90 mil guardias. Agrega que algunas empresas no registran a los guardias privados para evadir el pago de las licencias de operaciones, prestaciones salariales para los trabajadores, impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el registro del personal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De acuerdo con los cálculos que ha hecho la Digessp, junto con las cámaras empresariales, la contratación de un guardia privado tiene un costo mensual aproximado de entre Q7 mil y Q8 mil, y a los agentes se les paga el salario mínimo. La institución advierte que las empresas que cobren menos de ese precio probablemente estén operando de forma irregular.

“El poder operar sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control, viene a ofrecer servicios que probablemente son más baratos, pero que incumplen la normativa y probablemente están en la ilegalidad”, reconoció el funcionario.

Cómo operan de forma ilegal las empresas de seguridad

Mérida dijo que uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas de seguridad privada es la competencia desleal, y que esto podría estar relacionado con el proceso de autorización de licencias por parte de la Digessp.

Agregó que esto ha llevado a que empresas ya autorizadas cedan la licencia de operaciones a personas sin experiencia ni capacitación en seguridad.

“Hay una falencia desde el proceso de creación de las mismas empresas de seguridad o la falta de auditoría que se tiene que llevar a cabo. A diario van surgiendo nuevas empresas de seguridad, pero el alcance operativo que tiene la Digessp, quien regula a las empresas de seguridad, le limita a tomar ciertas acciones como la cancelación de la compañía”, reconoció Mérida.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada expresó que se debe fortalecer a la Digessp para que se conforme una unidad especial que dé seguimiento a las denuncias y lleve a cabo operativos interinstitucionales con el apoyo de la PNC y MP.

“Esto permitiría atacar de raíz los servicios ilegales, ya que se llevarían a cabo capturas por acciones flagrantes, y ello crearía conciencia en los usuarios sobre el riesgo que conlleva contratar este tipo de servicios, ya que el decreto 52-2010, en su artículo 66, estipula sanciones”, dijo la gremial.

La asociación comentó que se ha identificado que algunas compañías legalmente inscritas en la Digessp subcontratan de forma irregular a otras para brindar seguridad en colegios, abarroterías, centros comerciales y otros tipos de comercios.

“El riesgo para las empresas que subcontratan va en doble vía. Primero, la improvisación de la seguridad en las empresas que contratan los servicios, y eso pone en riesgo la vida de los guatemaltecos, porque carecen de un plan de contingencia ante un incidente”, comentó.

Apripri expresó que se debería hacer un análisis del reglamento y de los costos de las licencias de operación, para que los empresarios no lo vean como un impedimento para registrarse.

La Digessp comentó que están trabajando para crear mecanismos que mejorar el funcionamiento de la institución

Santizo dijo que la meta a corto plazo es que todos los trámites de la dirección sean en línea, y que hasta la fecha han avanzado en un 50% con la implementación de ese proyecto.