El próximo lunes 6 de octubre finaliza el plazo de 15 días hábiles que el presidente Bernardo Arévalo tiene para sancionar o vetar el Decreto 07-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esta normativa ha generado un conflicto entre el Ejecutivo y más de 300 alcaldes que integran la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Según una fuente consultada por Prensa Libre, que pidió no ser citada, el decreto no será sancionado por el mandatario, conforme a la recomendación del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep) y los equipos legales, luego de los análisis efectuados sobre posibles inconstitucionalidades contenidas en la normativa.

De acuerdo con la información, el Minfin y la Scep consideran que la ley aprobada por el Congreso el 2 de septiembre contradice lo estipulado en el artículo 55 del proyecto de presupuesto para el 2026, en el que se establece la disponibilidad de asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) con el fin de garantizar la continuidad de la inversión.

Ese artículo faculta al Minfin para ampliar, de manera excepcional, el presupuesto del próximo año, no mediante fondos nuevos, sino incorporando los “saldos por devengar” del 2025, es decir, recursos ya asignados y comprometidos para obras de los Codedes, pero que no fueron ejecutados antes del cierre del ejercicio fiscal.

El mecanismo también establece que los Codedes tendrán hasta el 31 de enero de 2026 para presentar directamente al Minfin una solicitud en la que detallen los proyectos prioritarios que requieren continuidad. La cartera de Finanzas se encargará de incorporar estas partidas en el sistema y emitir las normas para su ejecución.

Con ello se busca respetar la priorización de obras decidida a nivel local y agilizar el gasto de inversión, de modo que puentes, escuelas, caminos y otras infraestructuras no queden como “obras inconclusas” por un simple cambio de año fiscal.

En septiembre, el titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy, envió cartas a varios alcaldes para explicar que la mejor vía para agilizar los fondos destinados a los proyectos de los Codedes es la contemplada en dicho artículo del presupuesto. También afirmó que:

“el camino tomado por el Congreso de la República en el Decreto 07-2025 es un camino equivocado y que puede acarrear más problemas que soluciones a las Corporaciones Municipales”.

En las últimas semanas, el presidente Arévalo ha sido cauteloso al abordar el asunto. Ha señalado que el Decreto 07-2025 “continúa en análisis y la decisión se dará a conocer en su momento”. Además, recordó que el plazo para remitirlo al Congreso vence el 6 de octubre.

Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, ha sido más enfático en rechazar la sanción de dicho decreto, argumentando que este presenta elementos de inconstitucionalidad.

“Este decreto contiene elementos que podrían ser inconstitucionales, así es que mi opinión sigue siendo la misma que he expresado: que, en realidad, no es un decreto que pueda sancionarse, sino más bien en el cual va a tocar hacer recomendaciones y, por supuesto, no se puede aceptar tal y como ha sido aprobado”, puntualizó Menkos.

Alcaldes ejercen presión

Un total de 305 alcaldes, encabezados por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Anam, exigieron en septiembre al presidente Arévalo que sancione el Decreto 07-2025. Cada jefe edil entregó una carta en la Secretaría General de la Presidencia, en la que exponían sus razones para considerar necesaria la aprobación de la ley.

Respecto de un posible veto presidencial a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Siero señaló que volverían a acudir al Congreso para respaldar su aprobación.

“El día que en el Congreso se vuelva a conocer, vamos a respaldar a los diputados para que se apruebe otra vez con más de 107 votos. Si en la primera votación que se gestionó en una tarde se consiguieron 108 votos, estoy seguro de que, en la próxima, con la presencia de todos los alcaldes, se conseguirán más de 130 votos”, afirmó.

Según el artículo 178 de la Constitución Política de la República, si el presidente decide vetar un decreto, debe remitirlo nuevamente al Congreso dentro de los 15 días hábiles de haberlo recibido, y debe hacerlo previo acuerdo en Consejo de Ministros, con las observaciones que considere pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto.

Piden el veto a la ley

Desde el 2 de septiembre, cuando fue aprobado el Decreto 07-2025, varios sectores han solicitado al presidente Arévalo que lo vete, con argumentos que van desde la falta de transparencia en el uso de recursos y la politización, hasta la supuesta violación al principio de anualidad presupuestaria.

Entre las entidades que han solicitado el veto figuran la Cámara de Comercio de Guatemala (CGC), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).