Hay una relación directa entre la tramitología para obtener una licencia ambiental y el riesgo de no cubrir la demanda de energía que el país necesita.

De acuerdo con Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) un permiso que podría obtenerse en cuestión de 90 días se puede llevar de seis a ocho meses.

Su visión es que el Ejecutivo no cuenta con todos los recursos para poder agilizar los permisos, porque, por ejemplo, puede haber solo un responsable para atender 50 solicitudes de licencia.

Lea también: País necesita más energía para invertir y crecer

Este es un extracto de la conversación que González tuvo con el equipo de Prensa Libre y Guatevisión.

¿Cómo perciben el avance de las nuevas plantas generadoras incluidas en la PEG-4?

Desde la Ager, hemos estado viendo muy de fuera los proyectos de la PEG-4, ya que, de alguna u otra forma, no nos corresponde jugar un rol activo en el desarrollo de estos proyectos.

Lo que sí tenemos conocimiento es que algunos están todavía en la fase de permisos, desarrollo y otros que tienen cierto nivel de avance, con algún tropiezo en dicho avance, pero, en general, entendemos que el proceso de la PEG-4 y la entrada en operación de estas nuevas plantas va bien.

¿Cuáles son los desafíos para ejecutar proyectos de generación de energía?

En carne propia he vivido el desarrollo de los proyectos de generación renovable. Primero, no necesariamente es una falta de información, sino que muchas veces hay información con malas intenciones —para decirlo como es—, con intereses particulares. Y es ahí donde los desarrolladores tenemos que llegar con muchísima transparencia a ganarnos la confianza de los vecinos de un proyecto.

Al final, estas comunidades alrededor —o los vecinos— van comprendiendo que no hay ninguna mala voluntad en llegar a instalar un proyecto de generación en un lugar en particular, sino más bien una iniciativa de desarrollo no únicamente para el negocio como tal, sino también para los vecinos.

Las energías renovables tienen una particularidad, y es que nosotros no nos podemos inventar dónde poner los proyectos o escoger con mucha precisión dónde instalar uno, porque los proyectos se desarrollan donde está el recurso. Somos de las pocas industrias que verdaderamente vamos al interior del país a hacer desarrollo, a generar empleo, a que cambie el entorno alrededor de donde hay un proyecto.

Hay muchísimos ejemplos donde se ha agregado un gran valor alrededor de los proyectos de generación renovable. Ese es, digamos, como la primera parte.

Luego están las autoridades, que también se pueden convertir en héroes, llevando y apoyando estas iniciativas empresariales en sus municipios, que, a la vuelta, traen un retorno en impuestos para la alcaldía, tanto en licencias de construcción como en el IUSI (Impuesto Único Sobre Inmuebles).

Al mismo tiempo, son ingresos que se van transformando en la multiplicación de la economía, aunque sea en pequeña escala dentro del municipio. Así que las autoridades municipales o locales —incluyendo los Cocodes— se pueden convertir en grandes héroes desde sus comunidades, o se pueden convertir en grandes piedras de tropiezo.

¿Qué tan ágil es el proceso de licencias y permisos ambientales para que los proyectos puedan avanzar?

Es un calvario, esa es la palabra adecuada. Yo creo que no hay un desarrollo que no sufra la tramitología. Ahora, una licencia ambiental que podría obtenerse en cuestión de 90 días se puede llevar de seis a ocho meses.

Y aquí no solo hay que señalar, sino que, cuando vamos a explorar un poquito, también vemos que las entidades no tienen todos los recursos necesarios; el Ejecutivo no cuenta con todos los recursos para poder agilizar los permisos.

Entonces, resulta que hay un responsable para atender 50 solicitudes de licencia. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de resolverlo? Del ministerio mismo. Y sí, es un obstáculo, realmente, porque va pateando —literalmente— para atrás el inicio de obra de cualquier proyecto.

Eso lo sufrimos no solo los generadores de energía renovable: es cualquier proyecto que se quiera hacer de infraestructura privada. Así que esa es una parte donde el sentido de urgencia y la agilidad deberían ser considerados dentro de las instituciones, de tal manera que no solo se piense en el trámite per se, sino también en el efecto que conlleva retrasar una obra.

En Guatemala tenemos un crecimiento de la demanda de consumo de energía eléctrica bien importante: crece el doble que el producto interno bruto. Cada día hay más demanda, y la capacidad que tenemos instalada es la que es.

La única manera de ir paleando el crecimiento de la demanda es instalando proyectos nuevos de generación. En la medida en que todos los permisos se atrasen más y no se les dé la agilidad que se les debe dar, corremos el riesgo de que nos llegue el agua a la nariz y regresemos a una época que la gente joven no conoció, pero en los 80 teníamos racionamientos de energía eléctrica.

Así que corremos el riesgo de llegar a esos extremos, y mucho tiene que ver con el tiempo que se tardan los permisos.

¿Qué riesgos existen si los proyectos no logran completarse en el tiempo previsto?

El riesgo más grave es el desabastecimiento de energía eléctrica, y ese es el que nos preocupa a todos. Hoy estamos en un mundo donde, verdaderamente, no se puede hacer nada si no tenemos energía eléctrica.

Si en Guatemala el PIB crece a razón de 3% a 3.5%, el consumo de energía eléctrica supera el 7% de crecimiento. Y si no instalamos más energía eléctrica, más generación, pues lo que va a pasar un día es que, como decimos coloquialmente los chapines, no hay luz.

Así que el riesgo no afecta únicamente a las grandes empresas, como a veces se piensa; esto es una cosa que nos va a pegar a todos los guatemaltecos. Las actividades más básicas se hacen con energía eléctrica, empezando por la educación, la salud… No se puede atender luz sin energía eléctrica. Miren los caos que han pasado en los hospitales públicos cuando se han quedado sin energía eléctrica.

¿Cuáles son las acciones necesarias para agilizar la construcción de nuevos proyectos de generación de energía?

La primera es la promoción de más procesos de licitación. Los procesos de licitación buscan atraer inversión nueva, nacional o internacional —no importa—, pero el proceso de licitación tiene que motivar la instalación de nuevas plantas de generación eléctrica.

Lo mismo pasa con la transmisión de energía: se debe motivar que se instalen nuevas redes de transmisión en todo el país. Si no ocurre, va a pasar lo mismo que con el tráfico en la ciudad: las líneas de transmisión se saturan y no llega el servicio con la calidad, el volumen o la cobertura que debe llegar.

Entonces, los procesos de licitación son bien importantes. Eso lo debe seguir promoviendo el Estado, y también debe seguir promoviendo que las distribuidoras los hagan de manera más frecuente.

La PEG-5 es bien relevante porque resulta ser el proceso de licitación más grande de la historia de Centroamérica. Estamos hablando de adjudicar 1,550 MW en un solo proceso.

Algunos opinamos que hubiera podido ser más fácil manejarlo en tres o cuatro procesos distintos. Así que, muy rápidamente, saliendo de la PEG-5, debe venir la PEG-6, aunque sea con un volumen de demanda mucho menor.

Y el acompañamiento de las autoridades en el desarrollo de los proyectos. Es decir, te adjudican una planta en algún lugar del interior y anda a ver cómo resolver los problemas comunitarios, sociales, de ausencia del Estado, con las municipalidades, las autoridades locales.

Por supuesto que es responsabilidad nuestra resolverlo, pero también del Estado. Si el Estado no participa activamente, en conjunto con nosotros, para resolver que los proyectos salgan adelante, el impacto lo va a sentir toda la población.