Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe del Departamento de Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), fue ligado a proceso penal este miércoles 22 de octubre por falsedad ideológica en el caso relacionado con un convenio millonario suscrito entre esa cartera y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en abril del 2024.

La decisión fue tomada este miércoles por el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, que además le otorgó medidas sustitutivas. El funcionario deberá guardar arresto domiciliario, no podrá ingresar al MSPAS, deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico, firmar mensualmente en la sede del Ministerio Público (MP) y pagar una caución económica de Q5 mil.

Según el MP, Aldana habría autorizado la erogación de fondos y la firma de documentos con declaraciones falsas para facilitar un anticipo del contrato valorado en US$943.9 millones, con el cual se adquirirían medicamentos e insumos médicos a través de Unops.

La Fiscalía reveló que existen escuchas telefónicas y auditorías de la Contraloría General de Cuentas que detectaron irregularidades, como la entrega de medicamentos de calidad cuestionable y pagos efectuados sin respaldo documental.

La audiencia intermedia fue programada para marzo del 2026, mientras que el MP dispone de cuatro meses para concluir la investigación.

Acusaciones de corrupción

El caso se enmarca en una investigación penal impulsada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien acusó al gobierno del presidente Bernardo Arévalo de corrupción por la firma del convenio con Unops. Según el fiscal, el contrato habría sido suscrito sin la aprobación del Congreso y representa un perjuicio para el Estado.

Curruchiche aseguró que el exministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de Unops firmaron el convenio sin cumplir con los requisitos legales, por lo que un juez ya giró orden de captura contra Cordón y la Fiscalía solicitó retirar la inmunidad al actual ministro, Joaquín Barnoya.

El fiscal también afirmó que el contrato fue ordenado por el presidente Arévalo y su hermano, Martín Arévalo, quien es funcionario de Unops en Roma.

Ante ello, el presidente rechazó las acusaciones y las calificó como “una ficción” y “fantasías animadas de ayer y hoy”. Añadió que su hermano “no tiene nada que ver pero ni remotamente con las gestiones que se hacen a nivel Guatemala”.