Ayer, al alba, al menos 55 personas que se dirigían a sus actividades laborales, comerciales o de estudio a bordo de un autobús extraurbano de la ruta Franciscana terminaron lesionadas en el kilómetro 36 de la ruta Interamericana. El comunicado oficial del percance dice que dicha unidad colisionó “por causas no establecidas” con un vehículo liviano, el cual quedó encunetado. Sin embargo, al observar el impacto que levantó la barda metálica protectora —que muy probablemente no será repuesta ni reinstalada, al igual que muchas otras en el país, incrementando el riesgo ulterior—, no es difícil presumir que el autobús se desplazaba a excesiva velocidad. Pero es el tercer percance de transporte colectivo en una semana, y ya eso dice demasiado.

El 22 de octubre, dos autobuses colisionaron por “pelear pasaje” en la ruta a El Salvador. Ambos tenían vencidos los permisos para circular y se les impusieron sendas multas de Q10 mil. Quedaron heridos 17 pasajeros. ¿Quién da seguimiento a la gravedad de esas lesiones y a eventuales secuelas permanentes, para deducir responsabilidades civiles a las empresas y a los conductores? La Procuraduría de Defensa de los Usuarios del Transporte, que otrora al menos intentaba impulsar normas, ahora está ausente en este debate literalmente vital.

Hace apenas 10 meses del terrible busazo que dejó 54 muertos en la Calzada de la Paz, posiblemente propiciado por deficiencias mecánicas e imprudencia del piloto, quien ya acarreaba sanciones que no lo alejaron de un volante colectivo. El 6 de agosto último se reformó el Reglamento de Transporte de Pasajeros, que dejó a criterio de las empresas la revisión mecánica de los vehículos en talleres de su elección. ¿Cuántos reportes de tales chequeos se han efectuado y registrado?

En todo caso, la siniestralidad vial se ha acelerado este año en el país y todavía ninguna autoridad ha emprendido un estudio serio, multidisciplinario e integral, a fin de analizar las causas para poder establecer medidas con miras a frenarla. Dicho análisis debería elaborarse en tiempo real, para que más entidades académicas y centros de investigación propongan abordajes de prevención. Los documentos en PDF subidos por la Policía Nacional Civil —hasta ayer solo estaba disponible de enero a agosto— dan un vistazo estadístico muy pobre, como de trabajo de estudiante de secundaria, pero no permiten cotejar cifras, detectar escenarios y analizar variables. Se necesita una base de datos moderna, pública y actualizada a diario, con datos de geolocalización.

De enero a agosto de 2024 se registraron cinco mil 372 percances viales —colisiones, volcaduras, atropellamientos, etc.— y, en el mismo período de este año, iban cinco mil 782. En 2024 iban mil 546 fallecidos, y en ocho meses de 2025, mil 599. Lesionados, mil 533 versus seis mil 296. Podría parecer que se trata de un incremento vegetativo, a causa del paulatino incremento de automotores, encabezado por las motocicletas, que ya superan los tres millones. Algo de ello habrá; sin embargo, no se puede caer en un conformismo trágico o en un burocratismo lerdo.

Cerca de la mitad de víctimas de accidentes en carreteras corresponde a motociclistas, quienes, a pesar de su alta vulnerabilidad, presentan una frecuente conducta temeraria en múltiples formas. No se trata de estigmatizar a este grupo de conductores, tampoco solo a los pilotos de autobuses. Toda persona que se desplace en un automotor tiene un cúmulo de responsabilidades que debe ser exigido, pero no a través de caducos retenes, sino con tecnología disponible; no solo para imponer multas que engorden arcas ediles, sino para salvar vidas.