La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo de forma provisional solicitado por el CACIF ante los bloqueos efectuados en distintos puntos del país. La acción legal fue planteada en contra del Presidente de la República, el Ministro de Gobernación y el Director General de la PNC, ante “la amenaza de que no garanticen la protección de la persona (habitantes de la República), libertad de acción, libertad de industria, comercio y trabajo, y mantenimiento del orden público”.