El Ministerio Público tiene una agenda generada desde afuera por el Pacto de Corruptos, una agenda para incriminar y perseguir a quienes defienden derechos humanos, a quienes se oponen a la corrupción. Pero no son todos en el Ministerio Público ni todos en el sistema de justicia los corruptos. Dicha agenda ha sido armada por los grupos de la extrema derecha guatemalteca que le tienen temor a un comunismo que no existe. Todas las alarmas de emergencia se les prendieron cuando Arévalo pasó a segunda vuelta y no el candidato de la derecha, Conde. A partir de esa noche empezaron a armar una serie de casos falsos, cada uno más falso que el otro, pero a pesar de su falsedad han sido capaces de tener encarceladas a personas honestas, cuyo único delito ha sido pronunciarse en contra de la corrupción.

Uno de esta docena de casos falsos fue el de Usac: Botín Político, una historia china inventada por algún usurpador de la rectoría quien encargó el libreto indicando que los actores principales fueran Bernardo Arévalo y Karin Herrera. La raquítica e ilógica historia es que ellos armaron, Arévalo y Herrera, armaron un grupo político dentro de la Universidad de San Carlos para capturar el poder universitario primero y posicionar al partido político Semilla para las elecciones generales del 2023. En esta historieta mal hecha metieron a varios estudiantes, profesores y administrativos de la San Carlos quienes, según el Ministerio Público, participaron en la toma de las instalaciones de la Universidad como protesta ante el descarado fraude del actual rector. Pero los dos grandes eventos de elecciones en la Usac y elecciones generales no son vinculantes ni por asomo en el sentido en que lo plantea el Ministerio Público.

El objetivo del Pacto de Corrutos era traerse abajo las candidaturas de Arévalo y Herrera, ese fue el interés detrás del caso Usac: Botín Político. Pero no pudieron. Sin embargo, la supuesta investigación continuó. Esto es, analizaron los videos facilitados por la misma administración de la Usac en donde aparecen muchos estudiantes y profesores en un acto de protesta, legítimo ante el descarado fraude electoral. Ese video fue suficiente para armar el caso y hacer una lista de personas que según el Ministerio Público por el hecho de haber protestado habían cometido sedición, como en los años 70 y 80 del siglo pasado. ¡Válgame Dios! Ciertamente, otros grupos habían tomado las instalaciones de la Universidad, una actividad estudiantil que se ha legislado al interior de la misma Usac. Pero no. Al no poderles quitar la inmunidad ni a Arévalo ni a Herrera con tan ridículo caso, siguieron con estudiantes y profesores, ya no para evitar que el presidente electo y la vicepresidenta tomaran posesión sino para infundir temor de participación en la población universitaria.

La decadencia universitaria ha llevado varias rectorías. De hecho, la población estudiantil y el profesorado quedaron sometidos a una primera fase de represión para inculcar el miedo a su participación en 1980, con una intensa ola de represión y asesinatos de estudiantes que se sospechaba que participaban en los movimientos guerrilleros. Esa terrible parte de la historia de Guatemala aún tiene víctimas y dejó intensamente sembrado el miedo de participación política. Como resultado tuvimos dos décadas de silencio estudiantil asociado a un cambio en la demografía de ingreso a la Universidad Pública y a la adopción de una visión mercantilista de la educación superior. Así que a finales del siglo pasado y a inicios del presente ya las estructuras estudiantiles habían sido cooptadas y la indiferencia política era la norma en la vida estudiantil universitaria.

El presente siglo amanece con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que, aunque no tuvo muchos resultados en su primera década, si los tuvo en su segunda década cuando se destapan una serie de casos reales, investigados con evidencia firme, de la forma en que las grandes empresas y las máximas autoridades del ejecutivo no solamente facilitaban la corrupción, sino la lideraban. Esto generó una intensa y nueva participación ciudadana, donde destaca la participación estudiantil, ya no solamente de la Universidad de San Carlos, sino de otras universidades, principalmente la Universidad Rafael Landívar. Parecía entonces un nuevo amanecer del movimiento estudiantil universitario, que había quedado silenciado y cooptado por décadas.

La CICIG hizo un trabajo extraordinario que empezaba a reflejar las verdaderas razones de la pobreza y la injusticia en Guatemala. Cuando se destapa el caso La Línea la ciudadanía se sintió ofendida y participó intensamente. El golpe fue fuerte para el entonces llamado Pacto de Corruptos, una orden de empresarios corruptos asociada a politiqueros que se habían apropiado de recursos del Estado por décadas. Hay que recalcar que el movimiento ciudadano fue intenso, principalmente el movimiento urbano. Entonces, Otto Pérez y Roxana Baldetti renunciaron y fueron enjuiciados. Anteriormente un grupo de empresarios pidió disculpas y también fueron sentenciados. Todo esto creo una enorme tensión entre el Pacto de Corruptos y la CICIG por lo que el presidente Morales se dedicó únicamente a sacar, ilegalmente, a la Comisión. La lucha fue feroz, pero de a poco los corruptos tomaron de nuevo el control del sistema de justicia, en particular del Ministerio Público.

Jimmy Morales y Alejandro Giammattei entonces organizaron todo el sistema de justicia para poder proteger a los grandes corruptores empresariales y al mismo Pacto de Corruptos quienes iniciaron un contraataque a diestra y siniestra. Como parte del control de las altas cortes Giammattei necesita la alianza con la Universidad de San Carlos, alianza que consolida la corrupción. Fueron dos gobiernos dedicados a blindarse para realizar todo tipo de actos de corrupción, empezando con la compra de vacunas COVID al gobierno ruso, una compra millonaria de la que nunca entregaron cuentas. La pandemia le quedó como anillo al dedo a Giammattei y a su pareja sentimental, Miguel Martínez, quienes robaron de todo y con todos los que quisieron. Este retroceso antidemocrático se aseguró de tener como aliado al nuevo rector de la San Carlos, por lo que lo impusieron, como fuera, a la fuerza lo dejaron.

Cuando los estudiantes universitarios se rebelaron contra el fraude electoral fueron reprimidos. Entonces vino una intensa toma de las instalaciones universitarias en el campus central que ha sido reprimida a fuerza de criminalizar la participación estudiantil. Aquí los intereses del Ministerio Público per se estaban dirigidos a criminalizar a los entonces presidente y vicepresidente electos y traerse abajo la elección. No pudieron. Pero los objetivos del rector de facto de la Usac eran otros: Crear miedo, crear un ambiente dictatorial para eliminar la menor crítica a su administración usurpadora.

Así nos encontramos ante una de las mayores represiones a estudiantes y profesores universitarios que no solamente han heredado el trauma de la guerra civil, sino que ahora sufren en carne propia el acoso de un Estado que ataca cualquier voz que protesta en la Universidad de San Carlos. Esto hay que asociarlo con la enorme transformación de la educación superior que ha sido capturada por una visión neoliberal en donde tanto alumnos como profesores buscan un título con fines utilitarios. Ha quedado atrás aquella visión de transformar la sociedad. Parece sucumbir aquel ideal de mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Ese es el reto que nos plantea la materialista modernidad. Esto explica la ausencia de proyectos transformativos dentro de la Universidad de San Carlos, donde un claustro guarda silencio sepulcral ante la usurpación de un consejo superior y rector impuesto que son aliados a un sistema de justicia cooptado. El reto es recuperar a la universidad pública. Esto urge. Si no es ahora, no será nunca universitarios, universitarias.