Durante la tarde del miércoles 19 de noviembre, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump propuso otorgar a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser “una carga pública”, con lo que revivió una de sus políticas migratorias más controvertidas.

La propuesta presentada al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la agencia del Departamento de Seguridad (DHS), reviviría la regla que Trump implementó en el 2021 y que permite a las autoridades migratorias negar la entrada a EE. UU. o la Green Card a un extranjero que consideren supondrá una carga económica para el país.

En su primer mandato presidencial, Donald Trump vetó a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda o cuidado de la salud, como el programa Medicaid, lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar a la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de recibir ayudas.

Sin embargo, en el 2022, la administración del expresidente Joe Biden revirtió los cambios hechos por el republicano, quien considera que los beneficios gubernamentales “no deben incentivar” la inmigración, debido a que las personas que usan el programa de seguro médico público no deberían optar a la tarjeta de residencia permanente.

Negar la Green Card por uso de programas públicos

“Las actuales disposiciones restringen la capacidad de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para realizar determinaciones de inadmisibilidad por carga pública que sean coherentes con la política nacional que expresa el Congreso”, agregó el vocero de la Oficina del Registro Federal, donde se encuentra el acceso a las leyes.

Por lo tanto, la propuesta no reactivaría en su totalidad la regla presentada por Trump en su primer gobierno, lo que, en la práctica, otorgaría mayor poder a los oficiales del USCIS para denegar la residencia a los solicitantes de escasos recursos, aunque tampoco se especifican los programas que el gobierno considerará como carga pública.

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En enero del 2021, la medida desató decenas de críticas por parte de los defensores de los inmigrantes, como Adriana Cadena, directora de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes, quien en su momento la calificó como “muy peligrosa” y advirtió que pone en riesgo la salud y el bienestar económico de millones en la nación.

“Al generar caos y confusión, disuade a los inmigrantes con estatus legal y a los ciudadanos estadounidenses de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan, y a las que tienen derecho según la ley federal”, añadió la activista estadounidense mediante un comunicado que se publicó durante la mañana de este jueves 20 de noviembre.

El impacto será mayor que en 2021

A través de sus redes sociales, Adriana Cadena advirtió a la población estadounidense que el impacto de la nueva regla podría ser aún mayor que el de la primera propuesta implementada por el gobierno republicano en el 2021, ya que los funcionarios de inmigración “podrían considerar a cualquiera como una carga pública para esta nación”.

Asimismo, la presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, Renee Willis, instó al Congreso, dominado por los republicanos, a rechazar la propuesta de regla de carga pública, debido a los problemas y desafíos legales que han enfrentado regulaciones antiinmigrantes similares en los primeros años de Trump.