Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo y señalado como uno de los principales cabecillas del Barrio 18, será trasladado del centro de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, al centro de detención Fraijanes II, considerado de menor resguardo. La decisión, tomada por la jueza Lesbeth Betancourt, ha generado polémica por los riesgos que representa el privado de libertad.

Luego de haberse dado a conocer la resolución judicial, se conoció que supuestos informes de entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Oficina de Prevención de la Tortura y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), habían respaldado la decisión de juzgadora, por denuncias de condiciones inadecuadas en el penal de Escuintla.

Sin embargo, tanto la PDH como el Relator contra la Tortura negaron haber emitido tales informes o haber sugerido el traslado. En comunicados oficiales, ambas entidades aclararon que no avalaron la reubicación del reo.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses no ha emitido postura pública al respecto.

Aparte, el Ministerio de Gobernación manifestó su oposición tajante a la medida. El titular de esa cartera, Francisco Jiménez, confirmó que el Sistema Penitenciario presentó una impugnación. “El señor Ochoa Mejía es un cabecilla activo del Barrio 18, con capacidad operativa dentro y fuera del penal. Su traslado a un centro de menor seguridad puede facilitar su conexión con estructuras criminales”, declaró Jiménez ante medios de comunicación.

El Barrio 18 es una de las pandillas más violentas del país, vinculada con extorsiones, homicidios y otros delitos graves. Las autoridades sostienen que cabecillas como Ochoa Mejía deben permanecer en aislamiento, en centros de máxima seguridad, para reducir su influencia delictiva.

Organizaciones de víctimas y sectores de la sociedad civil también han expresado alarma por la resolución. Consideran que decisiones de esta índole debilitan la lucha contra el crimen organizado y comprometen la seguridad ciudadana.

Por ahora, el traslado no se ha ejecutado. Se espera que el proceso judicial continúe en los próximos días. El caso ha reactivado el debate sobre los límites entre los derechos humanos y las políticas de seguridad penitenciaria en Guatemala.

En el programa Impacto Directo se analizó la situación particular en el Ministerio de Gobernación y el caso de Ochoa Mejía.

Para Claudia Massis, psicólga que integra en panel de participantes, no tendría que ser necesario que ese tipo de movimientos de reos se de a conocer públicamente, pues las autoridades deberían de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin importar en qué cárcel se encuentre un preso.

“Aquí hay una lucha de poder, en donde una persona hace pulso con la otra para ver quién puede más. A veces, creo que podría ser un juego político para darle a entender a los ciudadanos que ellos están haciendo movimientos y que tienen el control del sistema. No tendrían que hacerlo, pues los resultados son los que tendríamos que ver“, aseguró Massis.

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