La solicitud de traslado de prisión del cabecilla del Barrio 18, Aldo Dupie Ochoa Mejía, el Lobo, sigue desatando polémica en el Congreso y revelaciones sobre nexos políticos en el sector justicia.
Un grupo de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso busca llevar al pleno la propuesta para la remoción del procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba Herrera, y del relator titular contra la tortura, Alfred Sánchez.

Ambas instituciones remitieron informes sobre la situación de Ochoa al Juzgado de Ejecución que debía resolver la solicitud de su traslado a una prisión con menores controles.

El informe de la Oficina para la Prevención de la Tortura describe, a lo largo de 15 páginas, la situación de Ochoa en la prisión Renovación 1, adonde fue trasladado el 31 de julio junto con otros cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Esta acción fue impulsada por el Ministerio de Gobernación para frenar una oleada de homicidios atribuida a una disputa por el control del narcomenudeo en la capital.

Nexo político

El informe fue presentado ante el juzgado por el subdelegado de la región sur, Bryan Javier Morales Aguilar. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Morales fue candidato a la alcaldía de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en las elecciones del 2023.

Además, figura entre los financistas de ese partido, con un aporte de Q5,000 registrado en los informes correspondientes a los años 2021 y 2022, presentados ante el TSE. El año pasado, el abogado se postuló como candidato a gobernador por Santa Rosa.

El subdelegado confirmó que fue candidato de la UNE y aseguró que cumplió con la asignación de verificar la situación de Ochoa. Afirmó que “no hay mala fe” y explicó que le correspondió visitar una cárcel en Escuintla debido a que esa oficina no cuenta con subdelegado en ese departamento. Su función es verificar las condiciones en la prisión de El Boquerón, en Santa Rosa.
Morales indicó que no podía dar más declaraciones sobre el asunto sin autorización de la institución para la que trabaja.

Conviviente

El Mingob ha señalado que María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres, es conviviente de alias Lobo.

Castañeda fue capturada el pasado 27 de agosto bajo cargos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Según las pesquisas, la sobrina de la expresidenciable está implicada en el atentado contra la fiscal del Ministerio Público (MP) Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo del 2024.

Los indicios de la investigación apuntan a que Castañeda Torres habría coordinado el tiroteo contra Reguero, perpetrado en la 9ª calle y avenida Reforma, zona 9, a escasos metros del Hospital General de Enfermedades del Seguro Social. Ese día murieron Carlos Humberto González, de 55 años, guardia de la fiscal, y Miriam Sosa, de 65, madre de la funcionaria.

Castañeda habría actuado por órdenes de su conviviente, Aldo Ochoa.

La audiencia para resolver si Castañeda es o no ligada a proceso se ha reprogramado varias veces y podría concretarse entre mañana y el viernes.

Toman distancia

La oficina publicó un comunicado en el que señala que no es su función ordinaria intervenir en decisiones relacionadas con traslados de personas privadas de libertad, y que “cualquier señalamiento que afirme lo contrario no responde a la naturaleza técnica y preventiva del MNP-OPT”.

Además, en otro comunicado divulgado ayer, la Oficina informó que el Relator Titular de la Región Sur, en sesión extraordinaria del 23 de septiembre, presentó ante los otros cuatro relatores de la ONPT el informe elaborado “de manera exclusiva por su equipo de trabajo” sobre la situación en prisión del cabecilla del Barrio 18. Además, se indica que se dejó constancia que fue hasta entonces que los otros cuatro relatores tuvieron conocimiento del mismo.

¿Qué dice el informe?

El Juzgado Primero de Ejecución Penal de Guatemala recibió el pasado 4 de septiembre el informe elaborado por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura , firmado por el subdelegado Región Sur, Bryan Javier Morales Aguilar.

Entre sus conclusiones, la Oficina señala que la permanencia de Ochoa en Renovación 1 “constituye de manera integral un trato cruel, inhumano y degradante”. Además, advierte que su permanencia en estas condiciones “no solo incumplen la normativa nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino exponen al privado de libertad de marras a un riesgo real e inminente para su vida y su salud”.

El informe, que consta de 18 páginas, se divide en tres secciones en las que se resume el trabajo que se realizó en la visita a Renovación 1 y la entrevista con el cabecilla del Barrio 18.

En el apartado de “Condiciones de Vida”, la Oficina sostiene que el reo está recluido en una celda de 3 metros de ancho por 2 metros de fondo con un ambiente “notablemente caliente y húmedo”.

Destaca que Ochoa duerme en una superficie de concreto, sin colchoneta y, según el testimonio del privado de libertad, sufre de “llagas o abscesos”, lo que constituye una violación a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

El informe de la Oficina también destaca que el privado de libertad ha denunciado “reiterados actos de violencia física y verbal” y no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para garantizar su vida.

“El interno manifestó un temor fundado por su vida, pues percibe que el sistema penitenciario no lo protege proporcionalmente”, señala el informe.

Sobre el informe, el Ministerio de Gobernación señaló que la institución aplica las Reglas Mandela, “como un principio transversal que rige al Sistema Penitenciario” y con esto se garantizan las condiciones mínimas de dignidad, respeto y acceso a salud, alimentación y comunicación con familiares.

El Mingob explicó que los protocolos se aplican a “todos los internos, sin excepción”.