EE. UU. evalúa avances en calidad institucional y combate a la corrupción para optar a cooperación
El desempeño de Guatemala en materia de gobernanza, combate a la corrupción, libertad económica y desarrollo humano forma parte de los aspectos que Estados Unidos toma en cuenta para determinar qué países pueden acceder a sus programas de cooperación económica de mayor escala. La Corporación del Desafío del Milenio -ente federal creado por el Congreso […]
El desempeño de Guatemala en materia de gobernanza, combate a la corrupción, libertad económica y desarrollo humano forma parte de los aspectos que Estados Unidos toma en cuenta para determinar qué países pueden acceder a sus programas de cooperación económica de mayor escala.
La Corporación del Desafío del Milenio -ente federal creado por el Congreso de los Estados Unidos- (MCC, por sus siglas en inglés) publicó el 6 de noviembre las tarjetas de evaluación correspondientes al año fiscal 2027.
Estas reúnen 22 indicadores elaborados a partir de fuentes independientes, con los que se mide el desempeño de los países en tres grandes áreas: libertad económica, gobernanza e inversión en las personas.
La evaluación es uno de los elementos que utiliza la junta directiva de la MCC para seleccionar a los países que pueden desarrollar un acuerdo de cooperación de cinco años, conocido como compacto. La decisión también considera información adicional, las oportunidades para impulsar el crecimiento económico y la disponibilidad de fondos.
En esta edición, la corporación elaboró tarjetas para 104 países. De ese total, 36 aprobaron la evaluación y 68 no alcanzaron los criterios establecidos. La publicación de los resultados abre una nueva etapa para los países que buscan convertirse en socios de la MCC.
Los 22 indicadores están distribuidos en tres categorías. La primera, libertad económica, examina las condiciones de política pública que pueden favorecer la actividad productiva y la inversión. La segunda, gobernanza, mide aspectos relacionados con el Estado de derecho, la rendición de cuentas y el control de la corrupción. La tercera, inversión en las personas, considera condiciones vinculadas con el desarrollo humano.
Los indicadores son elaborados por fuentes externas a la MCC y permiten comparar el desempeño de los países con parámetros definidos por la corporación. Por ello, la evaluación no se limita a revisar los compromisos que los gobiernos dicen asumir, sino que utiliza mediciones independientes sobre sus políticas y resultados.
La aprobación de la tarjeta es un requisito importante dentro del proceso de selección, pero no garantiza por sí sola que un país obtenga un compacto. La junta directiva también analiza si existen oportunidades para promover el crecimiento económico y reducir la pobreza, así como otros elementos que puedan incidir en la decisión.
DIFERENTES ESCALAS
Guatemala fue seleccionada en diciembre de 2025 para desarrollar un programa umbral, una modalidad de cooperación que financia reformas orientadas a eliminar obstáculos al crecimiento económico impulsado por el sector privado.
La selección colocó nuevamente al país en el radar de la MCC y abrió la posibilidad de avanzar hacia un compacto, que contempla recursos de mayor escala para proyectos de infraestructura, capital humano y mejora del clima de negocios.
La coordinación del programa en Guatemala está a cargo de la Secretaría Privada de la Presidencia, con participación de representantes del sector privado y de la sociedad civil. El cumplimiento de las condiciones y reformas previstas será parte del proceso para demostrar que el país puede avanzar hacia una relación de cooperación más amplia.
El antecedente más reciente es el programa umbral desarrollado entre 2016 y 2021, que contó con una donación de USD 28 millones.
Su ejecución estuvo a cargo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), con participación de los ministerios de Educación y Finanzas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).
Los programas «umbral» son donaciones más pequeñas que buscan impulsar reformas institucionales y de política pública para remover obstáculos al crecimiento liderado por el sector privado.
Los «compactos», en cambio, pueden financiar inversiones de mayor magnitud en infraestructura, capital humano y clima de negocios.
Para Guatemala, avanzar hacia esta segunda etapa podría abrir oportunidades en áreas estratégicas como transporte y logística, energía, educación y formación de talento, con potencial para elevar la competitividad, atraer inversión y generar empleo.
Al ser consultado por La Hora, Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de Fundesa, dijo: “Guatemala ya tiene un pie adentro”, al explicar que el país también figura entre los 91 candidatos que podrán ser considerados para recibir asistencia en 2027.
Sin embargo, esa condición no significa que el financiamiento esté garantizado. El acceso a un apoyo compacto requiere demostrar avances institucionales y cumplir los criterios establecidos por la MCC, además de convencer a su Junta Directiva de que las inversiones propuestas pueden contribuir al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza.
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EVALUACIÓN MINUCIOSA
Uno de los principales instrumentos para medir ese avance es la “tarjeta de evaluación”, que contempla 22 indicadores agrupados en tres áreas: gobernar con justicia, promover la libertad económica e invertir en las personas.
Para aprobarla, un país debe superar al menos 11 indicadores, aprobar el umbral de Libertad Personal y cumplir al menos uno de estos dos criterios: Control de la Corrupción o Rendición de Cuentas del Gobierno.
Esto significa que no basta con obtener buenos resultados en varios indicadores económicos o sociales: también es indispensable superar los filtros institucionales que la MCC considera fundamentales.
La evaluación de 2027 vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la efectividad gubernamental.
Los resultados de la tarjeta anterior, correspondiente a 2026, ya habían mostrado desafíos en varias de estas áreas, así como en acceso al crédito, derechos de propiedad, oportunidades de empleo y algunos indicadores de salud y educación.
LO QUE GUATEMALA DEBE CUMPLIR
Para Zapata, el proceso requiere una coordinación que vaya más allá del Gobierno.
En febrero de 2026, una misión inicial de la MCC visitó Guatemala y sostuvo reuniones con funcionarios públicos, representantes del sector privado —entre ellos Fundesa— y organizaciones de la sociedad civil.
Esa participación debe convertirse ahora en una agenda compartida, con responsabilidades claras y seguimiento a los compromisos.
El Gobierno debe encabezar las reformas que inciden directamente en los indicadores, especialmente en control de la corrupción, eficiencia del gasto público y clima de inversión, además de garantizar continuidad institucional más allá de los cambios de administración.
El sector privado puede contribuir identificando las restricciones que frenan el crecimiento, aportando conocimiento técnico y acompañando la preparación y ejecución de proyectos.
Por su parte, la sociedad civil y la academia pueden dar seguimiento independiente a los indicadores y vigilar la transparencia en el uso de los recursos.
La oportunidad es relevante porque los programas de la MCC no se limitan a transferir fondos: buscan vincular la cooperación con reformas y resultados que puedan sostenerse en el tiempo.
Para Guatemala, esto implica preparar proyectos técnicamente sólidos, definir prioridades nacionales, fortalecer la capacidad de ejecución y establecer mecanismos de rendición de cuentas. La disponibilidad de recursos, por sí sola, no resuelve los problemas de infraestructura o productividad; se necesita demostrar que las instituciones pueden transformar el financiamiento en servicios, obras y oportunidades para la población.
La Hora consultó a Segeplan de la hoja de ruta para aprovechar las oportunidades de inversión que traería la MCC a Guatemala y según su departamento de comunicación, esta responsabilidad recaerá en la Secretaría Privada de la Presidencia.
EXPERIENCIA EN LA REGIÓN
La experiencia regional ofrece referencias útiles. El Salvador ya recibió dos apoyos compactos.
El segundo, conocido como FOMILENIO II, alcanzó USD 365.2 millones: USD 277 millones aportados por Estados Unidos y USD 88.2 millones de contrapartida nacional.
El programa se organizó en tres áreas: capital humano, infraestructura logística y clima de inversiones.
Entre sus proyectos figuró la ampliación a cuatro carriles de un tramo de carretera entre la ruta al aeropuerto internacional y Zacatecoluca.
“El caso muestra la escala que puede alcanzar un compacto y la importancia de combinar recursos externos con compromisos nacionales”, apunta Zapata.
Guatemala también cuenta con un antecedente propio. El programa umbral anterior, enfocado en educación y administración tributaria, tuvo un desempeño que, según Zapata, fue citado por la MCC como una de las razones para volver a seleccionar al país.
Esa experiencia puede servir como punto de apoyo, pero el siguiente paso exige ampliar la agenda de reformas y demostrar que los avances pueden mantenerse y traducirse en mejores condiciones para invertir y generar oportunidades.
Corporación del Desafío del Milenio selecciona a Guatemala para desarrollar programas umbral
NO SE PARTE DE CERO
Según antecedentes de MCC, Guatemala ya cuenta con experiencia en este mecanismo de cooperación.
Entre 2016 y 2021, el país ejecutó un primer programa umbral financiado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), mediante una donación de USD28 millones.
La iniciativa se concentró en dos grandes componentes: educación y movilización de recursos, con el propósito de mejorar la formación de jóvenes, fortalecer la recaudación tributaria y aduanera y facilitar la participación del capital privado en proyectos de infraestructura.
El Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), adscrito al Ministerio de Economía, fue responsable de coordinar, administrar e implementar el programa, con participación de los ministerios de Educación y Finanzas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).
En educación, uno de los principales resultados fue la formación de más de 2 mil docentes de nivel medio en matemáticas, comunicación y lenguaje, ciencias naturales y gestión educativa.
También se entregaron más de 2 mil 200 tabletas para apoyar el trabajo en las aulas y se diseñó un nuevo proceso de contratación y selección de docentes, que incorporó una prueba diagnóstica. Sin embargo, la evaluación independiente de la MCC encontró que, de 1 mil 913 docentes y directores inscritos en el programa de formación del ciclo básico, 1 mil 545 lo completaron.
Además, aunque mejoraron las competencias docentes en los centros intervenidos, no se identificaron efectos en los resultados de las pruebas de aprendizaje de los estudiantes.
Otro componente buscó acercar la formación de los jóvenes a las necesidades del mercado laboral. Para ello, se diseñaron nueve programas de educación técnica y vocacional de nivel medio, con contenidos relacionados con desarrollo de software, producción de contenido digital y administración hotelera, entre otros.
Al cierre del programa, 762 estudiantes de 13 establecimientos participaban en los programas piloto. No obstante, la evaluación posterior identificó dificultades para su implementación: alrededor del 30% de los estudiantes abandonó los programas después del primer año y varios centros carecían de equipo, infraestructura y docentes suficientes para desarrollar la formación prevista.
En materia tributaria y aduanera, el programa apoyó reformas para fortalecer los controles internos de la SAT y mejorar la detección de evasión y fraude.
En infraestructura, la cooperación buscó fortalecer la capacidad del Estado para atraer inversión privada mediante alianzas público-privadas (APP). La MCC brindó asistencia técnica al Ministerio de Finanzas Públicas y ANADIE para estructurar proyectos y mejorar los procedimientos de contratación.
Uno de los casos fue la modernización de la carretera entre Puerto Quetzal y Escuintla, para la cual se lanzó en 2017 un proceso de licitación de una APP valorada en USD 75 millones, que contemplaba la rehabilitación, financiamiento, operación y mantenimiento de 44 kilómetros de la CA-9.
También se contemplaron estudios para proyectos como la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora y el MetroRiel. Sin embargo, los retrasos en la aprobación del proyecto carretero llevaron a la MCC a cancelar en 2019 los trabajos restantes de asistencia técnica para otros proyectos de esta cartera.
Al cierre del programa, según MCC, el 31 de octubre de 2021, se había desembolsado el 93.4% del presupuesto de los USD 28 millones.
OPORTUNIDAD DE ACTUAR
Los plazos requieren realismo. De acuerdo con Zapata, el programa umbral que se encuentra en diseño podría ejecutarse en un horizonte de tres a cuatro años.
Un eventual compacto requeriría primero aprobar la tarjeta de manera sostenida, atravesar después un proceso de diseño que puede tomar varios años y, finalmente, desarrollar una ejecución típica de cinco años.
Por ello, no se trata de una oportunidad de corto plazo ni de recursos que puedan darse por asegurados, sino de una apuesta de mediano plazo que necesita continuidad entre gobiernos.
El reto inmediato es convertir la relación ya construida con la MCC en una hoja de ruta nacional: identificar las brechas que impiden superar los filtros, asignar responsables, establecer metas medibles y publicar avances periódicos.
La coordinación entre Gobierno, empresas, sociedad civil y academia será decisiva para que el programa umbral no sea un esfuerzo aislado, sino el primer paso de una estrategia más amplia de desarrollo.
La oportunidad para Guatemala va más allá de obtener una donación de Estados Unidos. Un eventual compacto podría impulsar inversiones que el país necesita para mejorar su infraestructura, elevar la productividad y fortalecer el capital humano.
Pero el acceso a esos recursos dependerá de la capacidad de demostrar instituciones confiables, reformas sostenidas y proyectos bien ejecutados.