“Puentes de Primavera”: Informe preliminar de Contraloría expone graves hallazgos en oscuro negocio
Un informe preliminar de auditoría al que tuvo acceso La Hora revela graves hallazgos en los tres procesos de contratación para el diseño y construcción de los puentes Mocá, Las Pericas y Santa Bárbara, que fueron adjudicados por la Dirección General de Caminos (DGC) el pasado 2 de julio, en procesos exprés que tardaron siete […]
Un informe preliminar de auditoría al que tuvo acceso La Hora revela graves hallazgos en los tres procesos de contratación para el diseño y construcción de los puentes Mocá, Las Pericas y Santa Bárbara, que fueron adjudicados por la Dirección General de Caminos (DGC) el pasado 2 de julio, en procesos exprés que tardaron siete días, puesto que se fundamentaron en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
Parte de los hallazgos los ha dado a conocer este medio en una serie de artículos periodísticos; sin embargo, tanto el presidente Bernardo Arévalo como la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, seguirán adelante con las contrataciones.
Entre las irregularidades detectadas por este medio —y que son abordadas en el informe preliminar de auditoría—, destaca una posible sobrevaloración de Q148 millones, una limitada experiencia de las empresas que fueron adjudicadas y una discrecionalidad de la ministra para seleccionar a las constructoras que participaron en los procesos.
Los puentes en cuestión se ubican en estos puntos y su rehabilitación fue adjudicada a estos precios:
- Mocá, Km. 132 ruta CA-2 occidente, Chicacao, Suchitepéquez, Q130.3 millones
- Las Pericas, Km. 94 ruta CA-14, Morazán, El Progreso, Q68.3 millones.
- Santa Bárbara, Km. 140 ruta CA-14, San Jerónimo, Baja Verapaz, Q78.2 millones.
PRECIOS Y DISCRECIONALIDAD
El informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC)todavía no está finalizado. Los responsables de los proyectos todavía tendrán oportunidad de debatir los hallazgos.
Aunque el pasado 2 de septiembre, Arévalo y Zea aseguraron que pedirían una auditoría concurrente al ente fiscalizador, esta ya estaba en marcha, puesto que habría comenzado el 1 de julio y comprendió hasta el 17 de septiembre, pudo conocer este medio. El procedimiento empezó, incluso, antes de que se publicara el concurso en Guatecompras.
En cuanto a los hallazgos, detalla el informe al que tuvo acceso La Hora, «se determinaron diferencias entre los valores registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y los valores consignados en los contratos suscritos». Dicho diferencial suma Q38.9 millones, «lo cual evidencia una discrepancia significativa».
Asimismo, el informe también señala como hallazgo el hecho de que haya sido la ministra Norma Zea quien seleccionó a las empresas que fueron invitadas a ofertar. Detalla que las bases de licitación establecen que la autoridad superior del CIV, en este caso la ministra Zea, «definirá una lista de posibles oferentes a quienes se les hará la respectiva invitación para presentar ofertas».
No obstante, esto, de acuerdo con los auditores que elaboraron el informe, contradice la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la cual «regula el procedimiento aplicable a la integración de la Dirección de Infraestructura Pública Prioritaria (DIPP)», y no establece «expresamente una facultad para que la autoridad superior seleccione discrecionalmente a los proveedores que serán invitados a presentar ofertas».
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, FALTA DE VISITA DE CAMPO Y JUNTAS
El siguiente hallazgo tiene que ver con los criterios de evaluación y calificación de las ofertas definidos en las bases, que «no guardan concordancia con el orden de prioridad establecido en el Artículo 95» de la ley en cuestión. Al no respetarse esta priorización, resalta el informe, se «incidió en la metodología utilizada para la evaluación y calificación en los tres procesos de contratación».
Además, se señala que para la contratación de los proyectos viales se utilizaron criterios para evaluar y calificar las ofertas únicamente los incluidos en el artículo 95 de dicha ley, y debieron haber sido aplicados también otros, como el 34 de la ley.
Otro aspecto relevante que señala la auditoría tiene que ver con que en las bases de contratación no se contemplaron visitas de campo por parte de los oferentes interesados en participar en los procedimientos.
Por tal motivo, si se considera que los proyectos comprenden diseño y construcción —resalta el informe—, «la visita al sitio constituía una actividad necesaria para que los potenciales oferentes conocieran directamente las condiciones físicas, topográficas, de acceso, de tránsito, hidráulicas y demás características de los lugares donde serían ejecutados los proyectos» para elaborar sus propuestas técnicas y económicas.
Entre otros hallazgos detectados está el que los integrantes de las juntas de recepción y evaluación no cumplían con las calidades requeridas por la normativa aplicable para desempeñar dicha función y que las tres constructoras ganadoras registraron un «incremento significativo» de los montos adjudicados este año.
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PROVEEDORES INVITADOS SIN EXPERIENCIA Y SIN RGAE ADECUADO
Otro de los hallazgos se centra en que tres de las nueve empresas que habrían sido invitadas a participar (a la fecha no se conoce el listado de invitados) «no acreditaban la especialidad» 4212 (puentes) del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), que quedó establecida como requisito fundamental en las bases, para la presentación y aceptación de ofertas».
Esto —se consigna en el informe— «evidencia que la ministra no ejerció la diligencia debida al definir las invitaciones a los posibles oferentes dentro del evento» en el que participaron dichas empresas. También revela «la ausencia de un proceso previo de verificación en el RGAE al momento de conformar el listado de invitados».
Esto, agrega, «limitó la posibilidad de contar con ofertas idóneas y, en consecuencia, restringió la obtención de mejores condiciones técnicas y económicas para el Estado». El informe añade que Zea tenía la responsabilidad de garantizar que los oferentes invitados cumplieran previamente con los requisitos mínimos establecidos en las bases, «lo que evidencia falta de diligencia y de voluntad institucional para asegurar la selección de las mejores propuestas disponibles en el mercado«.
En relación con la experiencia, la CGC revisó, por ejemplo, la de Metro Construcciones, a la que le fue adjudicado el diseño y construcción del puente Las Pericas, y encontró que la precalificación «puentes» en el RGAE la obtuvo por la construcción de un puente de 10 metros de largo por 5.35 metros de ancho, cuando la estructura a construir tiene una longitud de 50 metros.
El informe señala, en relación con este proveedor, que «el caso que genera mayor preocupación» es que «únicamente acredita un contrato con características similares, lo cual resulta limitado frente a la experiencia específica requerida para la especialidad 4212, puentes».
Un hallazgo similar se encontró en el caso de Grupo Técnico en Construcción Serima, que recibió la adjudicación por el puente Santa Bárbara.
El informe preliminar de auditoría detalla que solo cuenta con dos eventos de contratación por emergencia «en los cuales dentro de los procedimientos se hace referencia a trabajos relacionados con puentes», pero «no se encuentra claramente el alcance de los trabajos ejecutados específicamente en los puentes, ni se establece de manera detallada el tipo de intervención, características técnicas, cantidades de trabajo y monto de dichos componentes».
Respecto al proceso de contratación relacionado con el puente Mocá, se detalla que de los tres oferentes solo el adjudicado contaba con la especialidad «puentes» —del RGAE—, por lo cual los otros dos fueron descartados del proceso de contratación.
Se trata de Constructora Elemento, propiedad de Billy Gubert’s Arreaga Cárdenas. El informe revela que esta empresa registra en Guatecompras cinco procesos de contratación relacionados con puentes; sin embargo, por las medidas, se considera que «no cuenta con la experiencia específica requerida para puentes con la longitud mínima establecida en las bases de licitación».
CAUSA Y LO QUE SE ENDILGA A LA MINISTRA
El informe remarca que dentro de las causas que generan los hallazgos está el que la ministra Zea «intervino en la determinación de los proveedores invitados a presentar ofertas, sin que dicha facultad se encontrara expresamente establecida» en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
Asimismo, que «emitió resoluciones de nombramiento de las comisiones de recepción, verificación, evaluación y recomendación de las contrataciones por emergencia y aprobó los contratos, sin verificar que dichas actuaciones y los documentos sometidos a su aprobación no cumplían con lo establecido en la normativa legal vigente».
También se endilga responsabilidad al viceministro de Infraestructura, quien avaló documentos y actuaciones relacionados con los eventos de contratación, «sin verificar que dichas actuaciones y los documentos sometidos a su aprobación cumplieran con lo establecido en la ley».
Una responsabilidad similar se le atribuye al director General de Caminos. Por aparte, también se señala que los integrantes de las comisiones de recepción, verificación, evaluación y recomendación de las contrataciones por emergencia recomendaron la adjudicación de los proyectos en mención, «sin corroborar que la experiencia presentada correspondiera a proyectos de características, condiciones y magnitud similares a los proyectos objeto de contratación«.