La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), a través del oficio 1591-2025, solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Chiquimula que las audiencias de María Fernanda Bonilla Archila se realicen mediante videoconferencia.

Luis Juárez Bolaños, director general del SP, dijo que la Subdirección Operativa es la responsable de velar por la seguridad penitenciaria y emitir opinión en cuanto al traslado de los privados de libertad.

Agregó que el Centro de Detención Jocotes, en Zacapa, donde actualmente se encuentra recluida Bonilla Archila, cuenta con un área habilitada para celebrar audiencias por videoconferencia.

“Consideramos oportuno realizar la solicitud correspondiente, y así se evitaría el desgaste del personal, así como de los vehículos para el traslado. Además, se evitaría poner en riesgo la vida e integridad física de la privada de libertad y del personal a cargo de la custodia”, expuso la DGSP al juzgado.

Las autoridades de la DGSP comentaron que la solicitud también busca reducir el riesgo para jueces, personal de la judicatura y población en general, además de disminuir el gasto de recursos públicos para el traslado de Bonilla desde Zacapa a Chiquimula.

El oficio fue enviado por el SP al Juzgado el 24 de abril; hasta la fecha no ha resuelto la solicitud.

María Fernanda Bonilla tenía escoltas privados y PNC

Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a Zacapa custodió la unidad del Comando Élite del Sistema Penitenciario (SP) en la que se trasladó a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, señalados de haber matado a Melisa Palacios el 5 de julio de 2021.

Cuatro patrullas asignadas a Zacapa, dos de Chiquimula y una de la División de Fuerzas Especiales de la PNC resguardaban el ingreso al Juzgado de Chiquimula, donde se presentaron los dos sindicados el pasado 2 de abril de 2025.

El 9 de abril, las autoridades del SP informaron que el esquema de seguridad brindado a Bonilla responde a alertas emitidas por la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y a una solicitud de la Fiscalía del Distrito de Zacapa del Ministerio Público, por posibles atentados contra la sindicada.

La Fiscalía de ese departamento, mediante el oficio MP 287-2024-2194, solicitó mayor seguridad para la privada de libertad, María Fernanda Bonilla.

Bonilla y su madre, Flor de María Bonilla Archila, excandidata a alcaldesa, fueron víctimas de ataques armados en Río Hondo, Zacapa, presuntamente vinculados con el crimen organizado.

El documento, firmado por el auxiliar fiscal Heberth Carlos Orellana Ventura, indica: De manera atenta me dirijo a usted —director de la cárcel— con la finalidad de solicitarle sus buenos oficios, a efecto de que instruya al personal a su cargo para que brinde vigilancia, protección y resguardo a la reclusa María Fernanda Bonilla.

Según el Ministerio Público (MP), Flor de María Bonilla Archila interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Zacapa, en la que señala ser víctima de extorsión y amenazas.

Flor de María Bonilla Archila está siendo víctima de extorsión y amenazas de atentar contra su vida y la de su familia, se indica. Además, se informó que la requerida se encuentra en el centro de detención mencionado.

Ataques y vínculos con el narcotráfico

De acuerdo con los investigadores del caso, a María Fernanda Bonilla Archila le dispararon en septiembre de 2020 en La Pepesca, Río Hondo, Zacapa. En esa misma aldea, su madre, Flor de María Bonilla, también fue víctima de un ataque armado en julio de 2021.

Agregaron que las investigaciones por ambos ataques están relacionadas con grupos del crimen organizado.

Detectamos una posible pugna entre dos grupos del narcotráfico que operan en Zacapa, aseguraron.

Los familiares de Melisa Palacios han denunciado la presencia de grupos armados en los alrededores del juzgado cuando se realizan las audiencias contra María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle.

Comentaron que, a pesar de la ostentosa portación de armas de fuego, la PNC no actúa contra esas personas.

La Dirección General del Sistema Penitenciario afirmó que solicitan el apoyo de la Policía “según sea la necesidad del esquema de seguridad establecido”.