El extravío de la Décima Legislatura del Congreso de la República mantiene varadas numerosas iniciativas importantes. Una de ellas es la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que debería conducir a un mayor fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, cuya primacía en tal materia debería ser refrendada para que no ocurran los lamentables asedios institucionales que hoy por hoy lo mantienen descabezado por un proceso retorcido. Sin embargo, dado y exhibido el dudoso talante ético de numerosos diputados, el menor de los males es que la norma se quede como está: no sea que vengan mañosas y dañosas enmiendas de curul, o francas ofensivas pactadas por una mayoría opuesta al espíritu de la LEPP y de la Carta Magna.

Pero este aquelarre solo es reflejo y producto del relativismo y negligencia de una serie de partidos que solo son cascarones electoreros, refugios de intereses opacos y entelequias carentes de coherencia ideológica, que admiten a cualquiera que busque unírseles, sin importar el origen de sus aportes financieros —un aspecto cuyo control intentan debilitar aún más ciertas propuestas indecentes de reformas a la LEPP—.

Sin embargo, en el afán de seguir actuando en un entramado de discrecionalidades, partidos políticos representados en el Tribunal Supremo Electoral han avalado un pliego de posibles cambios al Reglamento de la Ley Electoral, una norma de menor categoría pero que podría prestarse a introducir laxitudes, ambigüedades e incluso subrepticios sabotajes a la fiscalización de procedimientos, financiamientos y registros de las organizaciones: llamémoslo una especie de atajo, que puede ser muy peligroso, debido a que son los mismos entes fiscalizados los que podrían intentar maniatar a la autoridad fiscalizadora.

El pliego de 25 reformas podría contener algunos conceptos útiles, pero también tiene sugerencias acomodaticias disfrazadas. A la luz de la historia reciente, toda iniciativa que tienda a debilitar el papel disciplinario del TSE sobre los partidos políticos es inaceptable. En el pliego de propuestas figuran algunas que podrían tornarse en pretextos para aplicar una censura totalmente inconstitucional.

Numerosas figuras políticas se abstienen de participar en el debate nacional con el pretexto de que temen ser acusadas de campaña anticipada, pero aun así salen haciendo piruetas, cortometrajes o comedietas en redes sociales, con el obvio fin de crear polémicas estériles, pero al fin promocionales. Entre las propuestas más sintomáticas está rebajar de un plumazo el monto de las sanciones por faltas y delitos electorales, porque elimina el componente disuasivo. Pague la pequeña multa y siga, es el nefasto mensaje de dicha pretensión.

A las directivas partidarias se les quiere dar potestad de cambiar libros de actas sin mayor aviso, pero también se busca eximir de responsabilidad del control de finanzas. Dadas las numerosas evidencias previas y sospechas actuales de narcofinanciamiento, tales concesiones serían irresponsables. Otra sugestión ridícula es la de entregar hojas de afiliación físicas al TSE, y no registros informáticos, lo cual dificultaría la comprobación de identidades. Pero, eso sí, quieren sendos fiscales informáticos por partido para los comicios: vaya contradicción. En todo caso, está en manos del TSE evaluar la pertinencia de estos cambios, y ya que casi van de salida, lo mejor sería legar esta labor prioritaria a la siguiente magistratura. Pero si deciden abordarla ahora, deberían aprovechar las duras lecciones para no cejar ante tal embate plagado de conflictos de intereses.