El acceso al agua potable sigue siendo un factor de desarrollo pendiente en muchas localidades de Guatemala. También es una oferta recurrente de sucesivos candidatos a alcaldías, que a menudo desconocen las variables ecológicas, hidrológicas y rezagos institucionales que rodean esa carencia. Por eso mismo, el hecho de que varios proyectos de pozos acuíferos perforados con fondos públicos hayan resultado infructuosos no solo despierta dudas acerca de la gestión de proyectos ediles, sino también llama la atención sobre el desgaste de los mantos freáticos.

Al menos cinco obras recientes de perforación o mejoramiento de pozos de aprovisionamiento de agua fueron fallidos. Q12.3 millones se invirtieron en proyectos que no lograron cumplir su propósito y, por ende, fueron un dispendio literalmente estéril. En la comunidad San Jerónimo, Jalpatagua, Jutiapa, tras una inversión de Q1.5 millones, el pozo simplemente dejó de fluir. En Esquipulas, Chiquimula, se perforaron hasta 800 pies sin lograr la producción esperada, a un costo de Q3.2 millones. En Génova, Quetzaltenango, se excavaron mil pies a un costo de Q2.3 millones, y nunca se logró la producción de agua. En Santa Rosa, un pozo de Q1.3 millones tocó una vena volcánica y expulsó vapor, lo cual imposibilitó el avance.

¿Malos análisis previos? ¿Gastos dolosos? ¿Proyectos sin acuerdo con las comunidades? En efecto, en Quezaltepeque, Chiquimula, un proyecto valorado en casi Q4 millones se suspendió después de iniciarse pagos y contrataciones a causa de oposición de vecinos. Según documentos gubernamentales, los estudios de factibilidad “cumplían con los requisitos”, pero nada cuesta poner esa frase con tal de acelerar una contratación, sobre todo si se trata de una empresa ligada a un alcalde o diputado local.

Esto conduce a cuestionar la seriedad de los diagnósticos hidrogeológicos, así como la redacción de los contratos, puesto que se trata de una herramienta legal que debería blindar al Estado, para obligar a las empresas a perforar hasta lograr el flujo de líquido o asumir la responsabilidad de posibles errores. Por eso mismo no resulta nada ilógico suponer que en algunos casos exista complicidad entre comunas y contratistas para ejecutar proyectos, a sabiendas de que se trata de un fiasco previsible.

La necesidad de aprovisionamiento del vital líquido se evidencia en escenas cotidianas de personas acarreando agua en recipientes desde manantiales o riachuelos a kilómetros de las comunidades. Lamentablemente, esta precariedad solo es utilizada como argumento electorero. En materia de provisión de agua, son necesarios estudios técnicos serios; los contratos deben contener cláusulas que compartan los riesgos entre empresas, y que estos no solo se carguen al erario. En este punto es clave la fiscalización y participación ciudadana, para denunciar arreglos oscuros entre alcaldías y contratistas. Pero existen alcaldes reacios a escuchar voces críticas, pese a que alguna vez ellos mismos lo fueron.

Hay dos factores a largo plazo, que escapan al miope y mañoso cortoplacismo politiquero: uno, el paulatino deterioro ambiental a causa de la deforestación y la falta de planes de ordenamiento territorial. Alcaldías negligentes que siguen entubando desagües directos hacia los ríos, en lugar de construir plantas de tratamiento de aguas negras, so pretexto de no tener recursos. Segundo, pero también fundamental, la falta de una ley de aguas que proteja ese recurso vital. Existe una docena de anteproyectos que siguen engavetados y que poco o nada le importan a la gavilla de diputados que ni siquiera asiste a sesiones.