La situación de las prisiones genera preocupacióna raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, adonde fueron trasladados el 30 de julio los principales cabecillas de pandillas que operan en el país.

En cinco días, se registraron disturbios, los pandilleros causaron destrozos en la infraestructura por Q1.5 millones y las autoridades localizaron Q192 mil en efectivo en el centro carcelario, que las autoridades del Sistema Penitenciario, (SP) y del Ministerio de Gobernación califican como de máxima seguridad.

Esta situación ha provocado el rechazo entre sectores de la población, que expresa su descontento, principalmente en redes sociales y pide que las autoridades del Ministerio de Gobernación tomen cartas en el asunto y que lleven a cabo la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, en las que se aísle a los criminales peligrosos que continúan ordenando delitos desde las prisiones.

Según información proporcionada por el Sistema Penitenciario, hasta el 8 de agosto en las cárceles del país se encuentran recluidos 23 mil 379 reos, de los cuales 20 mil 583 son hombres y 2 mil 796 mujeres, distribuidos en 22 centros de detención ubicados en distintos puntos del país.

El número total de reclusos contrasta con la capacidad real de las cárceles de Guatemala, pues según el SP, estas solo podrían albergar aproximadamente a 6 mil 800 personas.

Sobrepoblación en las cárceles

Al menos 10 cárceles de Guatemala concentran a la mayoría de la población reclusa del país, según datos del Sistema Penitenciario (SP). Estos centros han excedido desde hace varios años su capacidad real de atención.

En conjunto, estas diez cárceles albergan a 16 mil 976 reos, lo que representa el 72.61% de toda la población reclusa del país.

Sobre el resto de las prisiones, no hay un dato concreto sobre su capacidad, pero si obtuvimos las cifras sobre el número de personas recluidas en cada una hasta el 8 de agosto del 2025.

En cuanto a la cárcel Renovación 1, anteriormente conocida como “El Infiernito” en Escuintla, esta tiene una capacidad máxima para 252 reos y actualmente se encuentran en dicho centro 168 reclusos calificados como de alta peligrosidad.

En conjunto estás 12 cárceles representan el 29.49% del total de la población reclusa en el país.

A esta situación se suma que, desde octubre del 2012, el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Guastatoya, en El Progreso, permanece sin uso debido a un hundimiento que destruyó parte del sistema de alcantarillado. Hasta la fecha, el Sistema Penitenciario no cuenta con un plan para su rehabilitación.

¿Qué pasa con las nuevas cárceles?

En días recientes, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó que implementará una estrategia integral para abordar los principales desafíos del sistema carcelario. Según indicó, esta planificación se basa en cuatro pilares: ampliación de infraestructura, implementación tecnológica, formación especializada del personal y fortalecimiento del control interno mediante nuevos protocolos para evitar actos de corrupción entre los guardias.

También aseguró que, antes de que finalice el año, se espera que estén funcionando las cárceles de Renovación II y Renovación III, siguiendo el modelo implementado en Renovación I, donde están recluidos reos de alta peligrosidad. Sin embargo, aún no se tienen datos específicos sobre la ubicación, capacidad y perfil de los reclusos que albergarán.

En cuanto a la construcción de la cárcel en Masagua, Escuintla, —proyecto del que se habla desde el 2023—, el funcionario señaló que se han dado atrasos en la fase de preinversión, por lo que, junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que financiará el proyecto, se analizan alternativas para dar mayor efectividad a los fondos.

“El proyecto va, pero se analiza con el banco la alternativa que permita maximizar los fondos disponibles, porque el valor asignado al proyecto en el 2023, por temas de inflación, ya no es el mismo. Ha sido un problema administrativo de concepción y diseño del proyecto, lo cual nos ha retrasado considerablemente”, afirmó Jiménez. De esa cuenta, la construcción de esta nueva cárcel es incierta.

En el 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se dio a conocer que el costo de la cárcel de Masagua, Escuintla, tendría un valor de Q668 millones, financiados por medio de un préstamo adquirido con el BCIE. Según la cartera de gobernación, esta cárcel tendría capacidad para albergar a unos 3 mil reclusos.

Infraestructura insuficiente

A criterio de Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario y analista en temas de seguridad, la infraestructura carcelaria en Guatemala está completamente sobrepasada, ya que data de la década de 1970, por lo que es necesario renovarla de inmediato.

“La infraestructura, de verdad, ya no da más, es una construcción de los años setenta. Y hay que entender que es urgente ya sea remodelar y reparar los diferentes centros o construir nuevos centros penales o de cumplimiento de condena y preventivos para ubicar a esa población enviada precisamente por el sistema de justicia. Ese es un elemento fundamental, y va a ser necesaria la clasificación por niveles de peligrosidad de los reclusos para determinar quiénes van a prisiones de máxima seguridad, que por cierto no hay en Guatemala”, afirma Morales.

Según su opinión, el modelo de la cárcel Renovación 1, en Escuintla, dista mucho de ser de alta seguridad, como afirman las autoridades. También asegura que la construcción de la cárcel de Masagua sería de suma importancia, ya que es ahí donde deberían ubicarse los privados de libertad con alto perfil delictivo.

“Realmente dista mucho todavía para que sea una prisión de máxima seguridad, y la otra que está pendiente de construirse, que es la que se encuentra en Masagua, que tiene una capacidad de tres mil privados de libertad, en este caso debería ser para el cumplimiento de condena exclusivamente para aquellos reclusos que son o tienen un perfil criminal alto”, afirma.

Según datos de la Coalición de Seguridad Ciudadana —integrada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien)—, en marzo del 2025 se tenía un registro de 23 mil 182 privados de libertad. La tasa de ocupación en las prisiones representaba 339%, lo que sobrepasa en 239% la capacidad real del sistema carcelario.