La ruta departamental entre San Pedro Jocopilas y Samayac, Suchitepéquez, tiene tramos de adoquín y pavimento; no es una ruta principal, pero sí una vía vecinal de intenso uso diario para el transporte de productos agrícolas, mercadería de tiendas y transporte de personas entre esas y otras localidades, como Chicacao, San Miguel Panán y Santo Tomás La Unión. Sobre el río Ixtacapa, en el 2022, durante el gobierno de Giammattei Falla, comenzó la construcción de un nuevo puente, y este es el tiempo en que dicha estructura sigue inconclusa. Los vehículos livianos pasan por un pequeño puente alterno, casi artesanal, de un camino de herradura; no hay paso para buses ni camiones.

Las causas del atraso de esa y decenas de obras en todo el país son recurrentes y hasta manidas, entre las cuales puede haber una de ellas o combinaciones de dos y tres: falta de pagos al constructor, descontrol ministerial, defectos en especificaciones de licitación, falta de supervisión, papeleos atrasados, ambigüedades sobre la unidad ejecutora a cargo —lo cual deja proyectos varados— o incumplimientos por incapacidad técnica de los adjudicatarios, lo cual prácticamente equivale a un fraude por decir que podían ejecutar obras para las cuales no tenían capacidad.

El puente de Jocopilas, aún sin estrenar por falta de tramos de aproximación, fue presentado la semana anterior en un reportaje de Prensa Libre y Guatevisión. La tardanza absurda en su ejecución es directamente proporcional a la necesidad de paso que tienen las comunidades y, por eso mismo, es un monumento a la mediocridad. A finales de marzo se anunció que en este abril se completarían los trabajos. La duda es si llegarán a tiempo, pues la temporada de lluvias es inminente, las precipitaciones suelen ser intensas en la región y el caudal del Ixtacapa se torna más impetuoso.

Pero la debacle vial no solo abarca rutas departamentales o intermunicipales: también en carreteras principales hay diversos grados de deterioro. El actual gobierno lleva ya 14 meses de atraso en la contratación de obras de construcción, reconstrucción y mantenimiento, por errores, negligencias y dilaciones burocráticas. En el recorrido que presentamos en esta edición se refleja el calvario diario de miles de pilotos por el mal estado de rutas prioritarias, y ni qué decir de las secundarias. En este momento se están programando obras que debieron empezarse hace dos décadas y, por si el atraso no fuera lo suficientemente grave, el desorden territorial municipal ha creado embudos tormentosos para la circulación.

La ruta costera CA-2 Sur exhibe el fiasco de Odebrecht, con todo y el altísimo costo para la productividad, así como la incapacidad del Ministerio Público para procesar a los responsables. Para febrero del 2024 estaban citados personeros de la extinta firma brasileña —cambió de nombre—, como parte de un nuevo proceso, tras la anulación del anterior. Flamantes nombres que son sinónimo de estafa y engaño quedaron libres sin vergüenza. Los precedentes de impunidad son la más grave complicación de este círculo vicioso de deterioro de la red vial del país.

Por desgracia, cada mandatario que llega ha recorrido algunos caminos del país en campaña, incluso montados en la palangana de picops; pero una vez en el cargo, los todoterreno blindados ya no dejan entrar la realidad hasta sus gestiones. Peor si empiezan a llegar a inauguraciones y eventos en helicóptero, empiezan a ver cada vez más lejos los caminos que a diario recorre la gente, que quizá votó por ellos o quizá no, pero ante ambos sectores son responsables históricos de cada cuatrienio perdido y de cada kilómetro en mal estado.