Entre mayo y junio, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) adjudicó Q30 millones para la supervisión de obras de mantenimiento de carreteras.

La tarea de verificar que los proyectos concluyan en los plazos definidos y que las constructoras cumplan con las normas de construcción ha sido delegada a empresas ajenas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) desde la aprobación de la Ley de Compras y Contrataciones, en el 1992.

La fiscalización vial en Guatemala continúa siendo un desafío por señalamientos de que algunas constructoras encargadas del mantenimiento de carreteras terminan por supervisarse entre sí, que las auditorías que llegan con retraso y la escasa verificación en el campo.

Estas deficiencias impactan directamente a los usuarios, quienes se enfrentan a carreteras mal construidas y mantenimientos deficientes, según el exministro de Comunicaciones, Aldo García.

Por su parte, las autoridades de Covial y de la Contraloría aseguran que los controles han mejorado para corregir esas irregularidades.

García Morales, quien fue ministro de Comunicaciones del 2016 al 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales, afirmó que cuando tomó la administración de esa dependencia, se descubrió que había compañías que participaban en licitaciones para supervisar obras, pero también eran propietarias de constructoras. Cuando lograban adjudicarse la supervisión de sus propios proyectos, “caían en un claro conflicto de interés”, lo que comprometía la objetividad de los controles.

“El problema es el compadrazgo que existe entre las empresas que dan mantenimiento y los supervisores, que dejan pasar errores y solo advierten que deben arreglarlo porque son cuates, y es algo que podría estar pasando actualmente”, afirmó.

“El problema es que estas redes de cuates impiden una fiscalización objetiva y rigurosa del mantenimiento vial, lo que termina por afectar la calidad de las obras”, agregó.

García duda de que las supervisoras de grandes proyectos, como el libramiento de Chimaltenango, realicen pruebas de laboratorio a las obras concluidas.

El exministro explicó que, aunque las especificaciones técnicas y los estándares para la construcción de carreteras en Guatemala están actualizados en el documento conocido como el Libro Azul —revisado con apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, persisten debilidades en los mecanismos de supervisión.

“Las empresas supervisoras son contratadas para proyectos de gran envergadura, como fue el caso del libramiento de Chimaltenango o el proyecto en El Rancho. Las obras menores, como las de recapeo o mantenimiento rutinario, generalmente no cuentan con empresas supervisoras formales”, señaló.

En su lugar, según García, se recurre a ingenieros internos de las propias dependencias públicas, o bien a profesionales individuales contratados sin mayores recursos, lo que puede limitar la capacidad de fiscalización técnica.

Añadió que la supervisión adecuada de una carretera debe ir mucho más allá de una simple inspección visual, pues una empresa supervisora debe contar con su propio laboratorio o trabajar en conjunto con laboratorios certificados, como los de la Facultad de Ingeniería, para realizar pruebas de resistencia y verificar que los materiales usados en la obra cumplan con los estándares estipulados.

“Esto incluye análisis de morteros, calicatas —muestreo del subsuelo y capas de pavimento— y ensayos de compresión. Sin esos procedimientos, la revisión técnica es incompleta y propensa a fallos”, advirtió.

Sin capacidad

Por otro lado, García criticó la limitada capacidad de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar obras viales. Explicó que esta institución realiza auditorías una vez finalizadas las obras, pero su labor se centra en aspectos administrativos, como las órdenes de cambio y los montos contratados, y no en verificaciones técnicas de campo.

“La Contraloría no realiza pruebas de laboratorio ni inspecciones profundas que puedan certificar si la obra fue bien ejecutada en términos estructurales”, aseveró.

Concluyó que es importante distinguir los daños provocados por fenómenos naturales, como sismos o terremotos, de aquellos que se derivan de una mala construcción. Afirmó que ninguna carretera en el mundo es inmune a una falla geológica activa, y que, en esos casos, incluso una obra bien construida puede colapsar.

Mejores controles

José Luis Istupe Ibañez, director de Covial, indicó que, para evitar anomalías con las empresas supervisoras, se habilitó una bitácora electrónica. Esta herramienta, implementada recientemente, busca frenar los vínculos indebidos entre supervisores y constructoras, al exigir evidencia fotográfica georreferenciada del personal en el sitio de obra.

“Esta bitácora establece que las fotografías y los informes que sean enviados tienen que estar georreferenciados, y el supervisor debe aparecer en las fotografías en el lugar de trabajo”, advirtió.

Agregó: “Eso ya nos da un parámetro mejor, porque hace un par de años hablábamos de que el supervisor ni llegaba; ahí las fotos se las podía pasar el constructor y no había ningún problema. Ahora la plataforma de control establece que sí tiene que mandar las fotografías y debe aparecer en ellas”.

El funcionario dijo que se darán indicativos altos para que se cumpla con el control de calidad en las compactaciones, bacheos y recapeos, y que se verifique el cumplimiento del diseño preestablecido del pavimento y el control de la mezcla.

“Y así sucesivamente en las demás obras, porque nosotros también atendemos deslaves, muros de contención, anclajes, señalización”, aclaró.

Añadió que las obras en carretera están relacionadas con la calidad de los materiales, la reflectividad de la pintura y el espesor de la capa, dependiendo del tipo de carretera. Señaló que la empresa debe cumplir con estos aspectos, y que el supervisor debe hacer valer su palabra en el campo.

Tecnología

La Contraloría General de Cuentas informó que mediante una serie de herramientas tecnológicas garantiza la fiscalización de obras públicas para prevenir irregularidades en su ejecución.

• Bitácora Electrónica: reemplaza los registros en papel por un sistema digital con geolocalización y reconocimiento facial, lo que permite verificar que los reportes se hagan desde el lugar exacto y por personal autorizado, reduciendo el riesgo de manipulación.
• Sistema GIS (Información Geográfica): permite monitorear las condiciones de las obras en tiempo real, a través de imágenes satelitales y mapas digitales que ayudan a identificar fallas o avances.
• Tecnología LiDAR: utiliza sensores láser para generar mapas tridimensionales del terreno, incluso en zonas con vegetación densa. Es útil para detectar hundimientos, socavamientos u otras alteraciones en carreteras y pistas aéreas.
• Fotogrametría: produce modelos digitales de alta precisión a partir de imágenes, lo que permite evaluar con detalle el estado físico de una obra.
• Pruebas de laboratorio: se realizan en coordinación con la Universidad de San Carlos de Guatemala para verificar la calidad de materiales como asfalto o concreto mediante extracciones físicas del sitio.