En lo que va del año, el Ministerio Público (MP) ha recibido más de 13 mil denuncias relacionadas de ilícitos que se atribuyen pandillas juveniles o maras, por lo que jefes fiscales aseguran que es necesario reformar la legislación y endurecer las penas.

Así lo plantearon distintos fiscales del MP ante diputados del Congreso y a partir de las investigaciones a las dos principales pandillas que operan en Guatemala: la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS).

Seis integrantes de la junta directiva y 10 de los 17 jefes de bloques aceptaron la invitación de la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, para analizar estrategias conjuntas contra estos grupos criminales.

“Las maras y pandillas no son un desafío nuevo, pero sí creciente, más violento y más complejo, pues hoy operan bajo esquemas de financiamiento transnacional ocultos y sumamente sofisticados”, enfatizó la jefa del MP.

Algunos de los delitos más denunciados relacionados con las pandillas son las extorsiones, que suelen realizarse desde centros carcelarios, lo que evidencia la debilidad del sistema penitenciario para impedir el ingreso de teléfonos y la ineficacia de los bloqueadores de señal, según las investigaciones del MP.

Sin embargo, no solo las pandillas extorsionan: también hay grupos de imitadores que intimidan a comerciantes y particulares haciéndose pasar por mareros, según explicó Dimas Jiménez, fiscal regional metropolitano.

“La investigación inicia como un delito de estafa, pero la normativa actual complica el proceso y estos delitos son considerados menos graves, al igual que el de usura”, indicó el jefe fiscal, quien relató cómo recientemente lograron desarticular a un grupo dedicado a préstamos, denominado “Gota a gota”.

Datos de la Fiscalía contra Extorsiones indican que el 80% de llamadas de extorsión por parte de imitadores provienen de dos centros carcelarios: Cantel y Pavón. Esto impide frenar las extorsiones, pese a que se reporten capturas.

Crímenes de pandillas

Según el MP, este año podría cerrarse con un aumento en los asesinatos, con 351 casos más que el año pasado, dijo Ángel Pineda, secretario general del MP. “Es una situación de terror”, afirmó.

Incluso la Fiscalía de Delitos contra la Vida señala que existen diversos motivos por los cuales los pandilleros cometen asesinatos, con base en los datos recabados en procesos judiciales.

Las razones expuestas a los diputados indican que las maras asesinan como parte de su proceso de reclutamiento, por jóvenes que se niegan a integrarse; por disputas territoriales para el control de extorsiones y distribución de droga; y por el robo de motocicletas para su posterior desmantelamiento y venta.

Las reformas

El fiscal metropolitano aseguró que es vital que el Congreso apruebe la Ley contra la Ciberdelincuencia, lo que permitiría implementar mayores estrategias para atacar nuevas modalidades vinculadas con extorsiones y pandillas.

“El MP presentó esa propuesta de reforma a los tipos penales; no obstante, fue invitado a mesas de trabajo en el Congreso para analizar la ley de cibercrimen”, explicó el fiscal.

Incluso, Dimas Jiménez considera que, con esta ley, Guatemala podría suscribir tratados internacionales: “Es importante promover esta ley, porque permitiría ratificar el convenio internacional en materia de ciberdelincuencia”.

Por su parte, Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP, propuso tres reformas legales: “Reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada para incluir a las maras como grupos criminales organizados”.

También consideró esencial que los pandilleros no reciban beneficios judiciales: “Hay que modificar el proceso penal para que sea improcedente la suspensión condicional de la pena, la suspensión de la persecución penal, el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado”.

Además, destacó la importancia de que el Organismo Judicial (OJ) instale judicaturas especializadas: “Se deben crear juzgados y tribunales especializados para juzgar delitos cometidos por integrantes de maras”.

Finalmente, señaló la necesidad de sancionar a los miembros del sistema penitenciario que permiten el ingreso de teléfonos o armas, así como endurecer las penas para cualquier delito vinculado con estas estructuras criminales.

A la reunión convocada por la fiscal general no asistió el presidente del Congreso, Nery Ramos, quien citó este lunes a la Instancia de Jefes de Bloque una hora antes de lo acostumbrado.