Durante años el debate sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes se movió entre la intuición de padres y maestros y la feroz defensa de las plataformas tecnológicas. Hoy ese debate ha entrado en una nueva etapa: la de la evidencia científica y la acción regulatoria. Informes recientes confirman que el deterioro de la salud mental juvenil no es una percepción exagerada ni una nostalgia por tiempos pasados, sino un fenómeno real y creciente. La Agencia de Seguridad Sanitaria francesa publicó una advertencia tras cinco años de trabajo de un comité de expertos. El informe, basado en el análisis de mil estudios científicos, concluye que, aunque las redes sociales no son la única causa del deterioro de la salud mental en niños y adolescentes, sus efectos negativos son múltiples y claramente identificables. No se trata de satanizar la tecnología, sino de reconocer que el entorno digital en que hoy crecen los menores es dañino.

El contexto internacional refuerza esta preocupación. En Francia, como en España, discuten la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 o 16 años. En Australia, una legislación pionera ya entró en vigor estableciendo el límite en 16 años y obligando a plataformas como Meta, TikTok y YouTube a impedir que niños y adolescentes creen cuentas. Las sanciones no son simbólicas: las empresas que no adopten medidas enfrentaran multas de hasta US$33 millones. Las primeras cifras indican que, tras la entrada en vigor de la ley, las plataformas tomaron acciones para restringir el acceso de menores.

¿Por qué tanta urgencia? Pues porque las redes sociales, especialmente cuando se consumen desde un teléfono inteligente, se han convertido en una caja de resonancia sin precedentes. Según el informe al que hago referencia, cerca de la mitad de los jóvenes de entre 12 y 17 años pasan entre dos y cinco horas diarias en estas plataformas. En todo ese tiempo se refuerzan estereotipos, se normalizan conductas de riesgo y se amplifican dinámicas de exclusión y ciberacoso. Los algoritmos no educan ni protegen: maximizan la permanencia, aun cuando eso implique exponer a los menores a contenidos dañinos.

Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto en la autoestima y la construcción de la identidad, particularmente en las niñas. La difusión de imágenes manipuladas digitalmente impone estándares de belleza irreales que derivan en baja autoestima, ansiedad y depresión. Además, las adolescentes suelen estar sometidas a una presión social más intensa, ligada a estereotipos de género que las hace especialmente vulnerables.

La agencia francesa es clara en su recomendación: no basta con advertir o educar al usuario. Es necesario actuar en la raíz del problema. Esto implica (aló, padres de familia) que los menores solo accedan a las plataformas diseñadas y configuradas para proteger su salud, lo que supone modificar algoritmos, técnicas de persuasión y configuraciones predeterminadas. En otras palabras, trasladar parte de la responsabilidad a quienes se benefician de estos sistemas.

Ninguna ley es infalible. Algunos niños encontrarán formas de eludir las restricciones. Pero, como ocurre con otras normas de seguridad en la sociedad, el éxito no se mide por la eliminación total del riesgo, sino por la reducción del daño. Regular también envía un mensaje cultural: hay ámbitos de la vida para los que se requiere madurez, acompañamiento y tiempo.

En Hispanoamérica donde los valores familiares siguen siendo un pilar social, este debate no puede eludirse. Proteger a los menores no es atraso; es una responsabilidad ética. La evidencia está a la vista. Ahora corresponde a la sociedad y al Estado asumir su responsabilidad. Amén.