¿Cuántas balas hacen falta para silenciar a Guatemala?

Ingrid Julissa De La Paz Olivarez
Contadora Pública y Auditora
Politóloga
M.A. en Gestión, Fiscalización y Control Gubernamental
Escritora en @Jxt_gt y Secretaria del Cocode Central Fraijanes

En Guatemala hemos aprendido a recordar a nuestros muertos, pero todavía nos cuesta comprender por qué seguimos sumándolos a nuestra historia. Cada 20 de octubre conmemoramos una revolución que abrió las puertas a la democracia y a importantes conquistas sociales, aunque pocas veces examinamos lo que vino después, cuando la confrontación política terminó por convertir las diferencias ideológicas en enemistades y la violencia se instaló durante décadas en la vida nacional. Ochenta y dos años después, el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro vuelve a recordarnos el costo humano de la violencia, porque ¿qué valor tienen las libertades conquistadas cuando las instituciones no consiguen garantizar siquiera la seguridad ciudadana?

La Revolución de 1944 surgió del agotamiento de un régimen autoritario que había restringido las libertades y concentrado el poder durante años; la renuncia de Jorge Ubico, seguida del derrocamiento de Federico Ponce Vaides, permitió que estudiantes, trabajadores y distintos sectores sociales participaran en una transformación política que durante mucho tiempo había parecido imposible. La autonomía universitaria, la seguridad social y las reformas laborales fueron parte de aquel proceso, pero su trascendencia también estuvo en ampliar las posibilidades de organización y participación ciudadana, reconociendo que la sociedad tenía derecho a intervenir en las decisiones que afectaban su destino.

Aquella apertura encontró fuertes resistencias y, en 1954, la Contrarrevolución respaldada por Estados Unidos puso fin al gobierno de Jacobo Árbenz, revirtiendo reformas y restringiendo espacios políticos. Bajo el argumento de combatir el comunismo, diversos sectores fueron perseguidos o excluidos de la vida pública, mientras se profundizaba una práctica cuyas consecuencias resultarían devastadoras, como considerar que determinadas ideas convertían a quienes las defendían en enemigos a los que había que apartar. El conflicto armado interno, entre 1960 y 1996, respondió a causas más complejas, aunque se desarrolló sobre un escenario marcado por aquellas rupturas. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estimó alrededor de 200 mil personas muertas o desaparecidas y atribuyó a agentes estatales el 93 % de las violaciones documentadas, frente al 3 % atribuido a organizaciones guerrilleras; cifras que reflejan responsabilidades históricas desiguales y una tragedia cuya dimensión humana no puede reducirse a una disputa entre ideologías.

La firma de los Acuerdos de Paz puso fin al enfrentamiento armado, pero dejó pendiente una tarea que ninguna ceremonia podía resolver por sí sola, como garantizar que las diferencias políticas pudieran expresarse sin persecución y que los delitos fueran investigados sin importar quiénes estuvieran involucrados. Desde entonces, Guatemala ha experimentado avances democráticos y nuevas controversias sobre corrupción, independencia judicial y criminalización, problemas que no equivalen automáticamente a la violencia del pasado, aunque revelan la importancia de contar con instituciones capaces de actuar sin sometimiento a intereses particulares.

Es desde esa experiencia histórica que adquiere relevancia el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte, durante una jornada deportiva en la que también había niños y familias. Solórzano Foppa había participado en investigaciones de corrupción de alto impacto y ejercido responsabilidades públicas, mientras Aguilar Gamarro trabajaba en la Federación Nacional de Judo; dos trayectorias diferentes, dos vidas arrebatadas y familias que merecen conocer lo ocurrido, sin que la notoriedad de una de las víctimas disminuya la importancia de la otra.

La investigación continúa y todavía no se ha establecido públicamente el motivo del crimen, por lo que atribuirlo a una represalia política o a una acción estatal carecería, por ahora, de sustento suficiente. Pero precisamente porque nuestra historia demuestra las consecuencias de sustituir las pruebas por acusaciones, corresponde exigir que las autoridades esclarezcan quiénes participaron, por qué ocurrió el ataque y si existieron otras personas involucradas en su planificación.

Las reformas de 1944 buscaban que los derechos y la participación ciudadana dejaran de depender exclusivamente de la voluntad del gobernante; ocho décadas después, la fortaleza de ese principio se mide también por la capacidad de nuestras instituciones para proteger a las personas e investigar los delitos, incluso cuando las víctimas son figuras controvertidas o cuando las conclusiones pueden resultar incómodas para quienes ejercen el poder.

Solórzano Foppa tuvo una trayectoria pública que puede y debe examinarse críticamente, pero ninguna controversia justifica relativizar su asesinato, del mismo modo que ninguna sospecha autoriza a señalar culpables sin pruebas; la justicia pierde legitimidad cuando se convierte en una cuestión de simpatías, cuando exigimos garantías para quienes comparten nuestras convicciones y las negamos a quienes piensan diferente.

La Contrarrevolución consiguió interrumpir un proyecto político, pero no borrar todas sus conquistas; décadas después, las investigaciones sobre el conflicto armado documentaron violaciones de derechos humanos que durante años habían permanecido ocultas, aunque numerosas familias continúan esperando respuestas y responsabilidades judiciales. Por ello, las balas no pueden hacer desaparecer los hechos que una investigación logró demostrar, ni deshacer los derechos que una sociedad incorporó a su historia; sin embargo, la permanencia de esas conquistas depende de instituciones que las protejan y de una ciudadanía que comprenda su importancia, porque incluso las verdades documentadas pueden quedar sin consecuencias cuando prevalece la impunidad.

Este 20 de octubre convendría recordar la Revolución sin separar sus conquistas de las consecuencias que enfrentaron las generaciones posteriores, porque Guatemala ya conoce el precio de la represión política, de la violencia armada y de una justicia incapaz de responder a las víctimas. Por ello, cada muerte violenta debería recordarnos que proteger la vida y esclarecer los delitos son obligaciones irrenunciables del Estado; nuestra historia demuestra que las balas pueden arrebatar vidas, silenciar voces e interrumpir procesos, pero no borrar las verdades documentadas ni las conquistas que transformaron al país. Lo que sí puede ponerlas en peligro son la impunidad, la indiferencia y sobre todo, nuestra creciente capacidad de acostumbrarnos a vivir con miedo.

Ochenta y dos años después de la Revolución, la pregunta que merece acompañarnos no es únicamente cuánto hemos avanzado desde 1944, sino qué tan capaces somos de proteger los derechos que aquella generación contribuyó a reconocer, porque Guatemala ya conoce el precio de vivir entre la violencia y el silencio; lo doloroso sería que, después de tantas vidas perdidas y tantas lecciones históricas, termináramos confundiendo la resignación con la paz.

En memoria de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, que sus muertes no queden en el olvido ni sus memorias sin justicia.