El presidente Bernardo Arévalo instó al Congreso a que, en el menor tiempo posible, apruebe la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, conocida como la Ley Antilavado.

Según explicó el mandatario, durante la conferencia de prensa de este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, la aprobación de esta normativa “es fundamental”, tanto en el marco de la cooperación como en el de la atracción de inversión extranjera, tras los acuerdos comerciales alcanzados recientemente con Estados Unidos.

El mandatario afirmó que “para hacer sostenible este logro” deben implementarse medidas para el fortalecimiento de la democracia y el combate al crimen organizado, lo cual generará condiciones para lograr una mayor inversión en el país. Por ello, consideró necesaria la aprobación de dicha propuesta.

“Es urgente que el Congreso pueda tomar la discusión respecto a la Ley Antilavado que planteó el Gobierno de Guatemala hace algunos meses. En ausencia de una Ley Antilavado y del resto de la legislación anticorrupción que estamos pasando, los logros que se han tenido en las negociaciones comerciales, los logros que se han tenido y en el crecimiento del turismo o en la atracción de inversiones no van a ser sostenibles, ya que Guatemala no va a ser considerado un socio confiable en términos del control de los flujos –económicos– del crimen organizado internacional”, afirmó Arévalo.

El presidente también aseguró que, de no aprobarse la Ley Antilavado, Guatemala corre el riesgo de que sus instituciones financieras “sean descertificadas y, por ende, se ponga en riesgo la economía de los guatemaltecos, así como los significativos avances para alcanzar el grado de inversión”.

La iniciativa para la creación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo fue presentada al Congreso el 28 de julio del 2025. La propuesta consta de seis títulos y 126 artículos, en los cuales el Gobierno establece controles y medidas para evitar que el crimen organizado y otras organizaciones delictivas utilicen el sistema financiero para lavar o blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.