La gran prueba del sistema de justicia
Un caso paradigmático para la sociedad
El vil asesinato del exfiscal y exsuperintendente de la SAT, licenciado Juan Francisco Solórzano Foppa, es una gran prueba para todo el sistema de justicia criminal. El caso toma especial atención por la forma en que, a plena luz del día, un sábado, en el Campo de Marte, fue asesinado con tanta saña, crimen en el cual también falleció lamentablemente el señor Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Lo primero es expresar mi más sentido pésame para los familiares y amigos del licenciado Solórzano Foppa y del señor Aguilar Gamarro, que Dios les dé mucha fortaleza en estos duros momentos.
Mientras escribía esta columna, a los dos hermanos Choc Toz, señalados del atentado, se les decretó falta de mérito y serán puestos en libertad. Toda mi solidaridad con ellos. Seguramente tendrá que haber una investigación penal a quienes hayan implantado evidencia, pero lo más importante después de esto será conocer de las investigaciones, quiénes estuvieron detrás de los hechos materiales y llegar hasta los autores intelectuales de este terrible asesinato.
Más allá de las posiciones que cada uno haya podido tener sobre su trayectoria, un crimen así, a plena luz del día y en un espacio público, es un desafío directo al Estado de derecho y a todos los guatemaltecos. La región ya nos ha mostrado lo que está en juego. En Colombia, tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, la justicia logró capturar y condenar a los autores materiales, pero aún falta capturar a los autores intelectuales. Su familia sigue preguntando quién ordenó el crimen. Lo último que se supo de la información presentada, “señalan a Géner García Molina, alias John 40, uno de los hombres cercanos a Iván Márquez, como presunto financiador y cerebro del asesinato del senador y precandidato presidencial, ocurrido en Bogotá en junio de 2025”, según dio a conocer la revista Semana.
Es momento de exigir justicia.
En México, el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, muestra que se debe seguir trabajando hasta lograr llegar a las últimas consecuencias, en julio fue detenido el señalado autor intelectual, y con esa captura suman 31 personas detenidas, aunque todavía hay líneas de investigación abiertas. No basta solo detener a quienes dispararon, sino llegar a quienes planificaron, pagaron y ordenaron el asesinato. Si no se llega a quien ordenó y financió el crimen, el mensaje que recibe el crimen organizado es que matar sigue saliendo barato.
Un país que aspira a atraer inversión y generar oportunidades no puede normalizar estos hechos. Es momento de pasar del silencio a la consecuencia, como bien lo mencionó el presidente Arévalo durante el último Enade 2026, “la seguridad se construye con perseverancia y visión de país y no puede garantizarse si las entidades responsables de combatir la delincuencia están infiltradas por redes de corrupción o responden a intereses criminales”.
Como bien señaló Fundesa en su comunicado, “este crimen nos golpea como sociedad. La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar voces ni resolver diferencias. Cuando un hecho así queda impune, el mensaje para todo el país es devastador”.
La actitud que ha tomado el Ministerio de Gobernación es positiva, pero debe ser más asertivo y comunicar los avances e ir dando información a la población conforme esté disponible. En estos momentos todos como sociedad debemos exigir información de forma respetuosa, garantizando que el debido proceso se cumpla para todas las partes. Es momento de exigir justicia.