Durante décadas, los guatemaltecos hemos convivido con un sistema de salud pública que se debilita con cada crisis. La falta de medicamentos, la compra fragmentada y la opacidad en los procesos han sido síntomas recurrentes de un Estado que no logra garantizar el derecho básico a la salud. En medio de ese panorama, el convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) surgió como una apuesta por la transparencia y la eficiencia.

Los resultados iniciales parecían prometedores. Según datos oficiales, los hospitales nacionales alcanzaron en 2025 un promedio de 91 % de abastecimiento de medicamentos, y 92% de material quirúrgico, cifras inéditas en muchos años. A través de Unops se adquirieron más de 5.6 millones de unidades de medicinas y 3.4 millones de insumos médicos, con un ahorro estimado del 30% frente a los precios locales. Por primera vez, el sistema parecía estar funcionando con planificación, control y eficiencia.

Sin embargo, el reciente conflicto judicial impulsado por el Ministerio Público ha paralizado parte del mecanismo, y amenaza con revertir esos avances. La orden de congelar pagos a Unops, derivada de denuncias sobre la legalidad del convenio, ha introducido incertidumbre en un proceso que sostenía el abastecimiento de hospitales nacionales. El riesgo no es menor: detrás de la disputa legal hay vidas humanas que dependen de la continuidad del suministro.

Guatemala enfrenta aquí un dilema crucial. Por un lado, es legítimo revisar cualquier contrato para garantizar que cumpla la Constitución y las leyes nacionales. Pero, por otro, suspender un sistema que ha demostrado eficiencia sin ofrecer una alternativa inmediata puede ser un error de consecuencias graves. El país no puede permitirse un retroceso hacia los antiguos métodos de compra directa, donde los sobreprecios, los favoritismos y el desabastecimiento eran la norma.

El impacto de una eventual interrupción sería devastador para los grupos más vulnerables: comunidades rurales, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o quienes dependen exclusivamente del hospital público. Son ellos quienes más sufren cuando el Estado se paraliza y la política sustituye a la gestión técnica. La eficiencia no debe estar reñida con la legalidad; ambas pueden y deben coexistir, si se actúa con responsabilidad y visión de país. Más que un problema jurídico, este caso refleja la fragilidad institucional de Guatemala. Cada vez que un proyecto empieza a mostrar resultados positivos, surgen intereses y desconfianzas que lo detienen. El Estado necesita mecanismos eficientes, pero también reglas claras y rendición de cuentas. Si el convenio con Unops tuvo debilidades, deben corregirse con transparencia, no eliminarse sin alternativas.

La solución pasa por fortalecer la supervisión nacional, por parte de la Contraloría, el Congreso, el propio Ministerio de Salud, publicar datos de abastecimiento por hospital y garantizar la auditoría pública de cada compra. Pero mientras se discute la legalidad del convenio, no se debe poner en riesgo el flujo de medicamentos que mantiene en funcionamiento los hospitales. La salud de los guatemaltecos no puede ser rehén de la burocracia ni del cálculo político. Hoy, más que nunca, el país necesita sensatez. Si algo funciona, mejórese; si hay fallas, corríjanse; pero no destruyamos los avances logrados. Volver al desabastecimiento sería no solo un error administrativo, sino un acto de irresponsabilidad moral frente a millones de guatemaltecos que esperan, simplemente, poder ser atendidos con dignidad. Lo más seguro es que los más contentos y quienes están detrás de este caos son los eternos comerciantes de la salud del pueblo, quienes tienen a la población a la merced de exorbitantes precios en medicinas y servicios de salud, en perfecto contubernio con el Ministerio Público.