El Ministerio Público (MP) lo hizo de nuevo. El jueves 28 de agosto, cuando se dirigía a recibir tratamiento de hemodiálisis, Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena del departamento de Sololá, fue capturado.

Como a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, la Fiscalía lo acusa de los delitos de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y obstaculización a la acción penal, según la orden judicial que se filtró a los medios y que tiene fecha 11 de abril de 2025.

Como ya es costumbre, el “caso” está bajo reserva, por lo que apenas se tiene información del expediente. Sin embargo, se sabe que su detención obedece a su participación, junto a otros líderes y autoridades indígenas, en las jornadas de protesta que exigieron respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas en el proceso electoral de 2023.

La municipalidad indígena de Sololá, junto a otras organizaciones comunitarias, tuvo un rol protagónico en la defensa de la democracia y evitó que se concretara un rompimiento constitucional. Las movilizaciones que se llevaron a cabo y a las que se sumaron decenas de miles de guatemaltecos no solo no constituyen delito sino representan un hecho histórico que evitó que en nuestro país se consumara un régimen autoritario.

Don Esteban Toc, al igual que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, cumplieron con el mandato que les fue otorgado en asambleas comunitarias y fueron voceros de sus pueblos. Sus capturas representan un acto de venganza y castigo y forman parte de la estrategia de persecución que el Ministerio Público de María Consuelo Porras Argueta lleva adelante en contra de actores democráticos que se oponen a la corrupción y a la cooptación del sistema de justicia de Guatemala.

Pero también es un acto de profundo racismo equiparar la organización histórica de los pueblos indígenas con estructuras criminales y endilgarles a las autoridades ancestrales delitos de la ley contra la delincuencia organizada.

En el caso de Esteban Toc, además, se violenta su derecho a la vida y a la integridad al negarle una medida de prisión domiciliaria, que le permitiría continuar de mejor forma con su tratamiento. Las declaraciones recogidas por Prensa Comunitaria después de su captura, en las que explicó su situación de salud, debieron haber sido motivo suficiente para que el juez dictara el arresto domiciliario. Pero, como en el resto de procesos de criminalización, la norma es la prisión preventiva como castigo anticipado.

Si se sigue permitiendo que el abuso del derecho penal sea la regla y no se pone un freno a la persecución indebida, para mayo de 2026 —cuando se dé el cambio de fiscal general— habrá más personas presas y en el exilio que las que había en enero de 2024 cuando Bernardo Arévalo tomó posesión.

Por eso llevan razón las autoridades indígenas en el comunicado que emitieron tras la captura de Esteban Toc al exigir al presidente de la República “una actuación contundente contra la persecución penal que el pacto de corruptos y golpistas mantienen en contra de autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Es lamentable que el MP y un grupo de jueces, juezas y magistrados estén empeñados en retorcer la realidad y continúen afirmando que en las elecciones de 2023 hubo fraude. Esa narrativa se traduce en las capturas de las autoridades indígenas, pero también en los procesos que se siguen en contra de los magistrados titulares y algunos trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Aunque no tenga sustento, ese “caso” será su caballito de batalla de aquí a que se nombre al nuevo fiscal general y las consecuencias las tenemos a la vista.

Libertad para Esteban Toc, Héctor Chaclán y Luis Pacheco. Las autoridades indígenas NO son criminales.