Toda la ciudadanía guatemalteca llega a esta semana bajo una amenaza injustificable: padecer la privación de sus derechos constitucionales a la libre locomoción, al trabajo y a la libertad de acción. Esta vez, la presión viene de grupos de sindicalistas que pretenden extorsionar al Ministerio de Salud —y por ende a quien con sus impuestos mantiene funcionando al Estado; es decir, usted que lee—, para que les den un aumento inmediato, masivo y sin exigencia alguna de mejoras de gestión, desempeño o atención a la población; también exigen que plazas temporales pasen a ser permanentes, con el consiguiente aumento paulatino de costo por prestaciones de ley y ulteriores exigencias de incrementos, como si el dinero creciera en los árboles.

Los promotores de este reclamo tienen, por supuesto, derecho de libre expresión y de petición, pero esto no les faculta —ni a ningún grupo, sea cual sea su demanda— para imponer bloqueos o cierres viales que van en detrimento de la economía comunitaria, nacional y también personal de todos y cada uno de los afectados, que a la larga son mayoría. Si sabotean la productividad del país, ¿de dónde creen que saldrá el dinero para pagar los sueldos que ya actualmente gozan? Menos aún habrá para las reivindicaciones pretendidas, que a menudo son fruto de truculencias politiqueras e irresponsables de diputados que insertaron el mañoso artículo 140 en el presupuesto del 2025.

El mismo Congreso que se aprovechó de la confianza ciudadana para recetarse el ilícito autoaumento fue el que incluyó un aval, lesivo, que obliga al Ministerio de Salud a absorber más burócratas, sin especificar fuente de financiamiento para el incremento de gasto; es obvio que para crear plazas, con toda la sombra de clientelares, se debe restar a otros rubros como inversión o equipamiento.

Los sindicatos anunciaron manifestaciones “pacíficas”, pero no hay tal pacifismo en tanto y en cuanto interrumpan el tránsito de vehículos y personas en cualquier punto del territorio nacional. Si violentan el derecho de todos los demás ciudadanos a ganarse el sustento, no pueden calificarse de pacíficas, y lo mismo cabe decir de cualquier grupo que pretenda arrogarse el derecho de impedir el desplazamiento de los demás en calles y carreteras para presionar por su propia conveniencia. El abuso llega a niveles sospechosos cuando se esgrimen motivaciones inventadas, como la protesta en contra de un supuesto impuesto a las tortillas que bloqueó el tránsito en la zona 15, la semana pasada. El tal tributo fue desmentido, pero el impacto al tránsito fue real.

El Ministerio de Salud recibió un amparo provisional de un juzgado porque, se supone, existe un proceso de diálogo con sindicatos salubristas: dicha resolución conmina a deponer la amenaza de bloqueos, que, paradójicamente, se cometen en nombre de supuestos derechos: un círculo vicioso hecho de abusos, relativismos y también impunidades. En todo caso, al estar vigente este amparo, quien incite o ejecute toda contravención debería enfrentar consecuencias legales proporcionales al daño causado a la economía de los demás guatemaltecos, aunque también se deberían deducir responsabilidades en caso de pacientes de emergencia que fallezcan varados en la congestión ocasionada, irónicamente, por trabajadores sanitarios.

Si no existen precedentes legales, el caos chantajista del abuso vial continuará multiplicándose y dañando a todos los sectores productivos: agrícolas, comerciales, turísticos, exportadores e industriales de todo tamaño. Hay derecho de manifestar y expresar, pero no en detrimento de conciudadanos.