¿Será que hay alguien que todavía dude de la situación desastrosa en que se encuentra la administración de justicia en el país? Desde la Corte de Constitucionalidad (CC), pasando por el Organismo Judicial hasta el Ministerio Público han dado muestras de su desprecio a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

La CC tiene como función fundamental la defensa de la carta magna y del principio de primacía constitucional. Sin embargo, recién acaba de avalar que la Corte Suprema de Justicia designe de manera directa magistrados para las 18 nuevas salas de Apelaciones. Por mandato constitucional, esa elección le corresponde al pleno del Legislativo.

La razón de hacer a un lado al Congreso no tiene nada que ver con el fortalecimiento de la justicia, sino que es una jugada política del grupo de magistrados de la Corte Suprema que responden a los intereses de Nester Vásquez, magistrado de la CC. El objetivo es consolidar el poder de Vásquez sobre el Organismo Judicial y asegurarse magistrados leales que permitan su reelección como magistrado de la CC.

Los administradores de la justicia tampoco están interesados en la seguridad de la población. El Ministerio de Gobernación convirtió la anterior cárcel El Infiernito en la prisión de máxima seguridad Renovación I para aislar a los reos de alta peligrosidad. Como no surtieron efecto las acciones de los delincuentes que tomaron cárceles y trataron de atacar Renovación I, ahora han utilizado juzgados para lograr el retorno de los criminales a las cárceles anteriores. Varios jueces se han plegado a los intereses del crimen organizado y han ordenado el regreso de presuntos cabecillas de estructuras criminales.

Ese es el caso de Aldo Dupié Ochoa, alias el Lobo; y de Howard Barillas, alias el Matazetas, entre otros, quienes buscarían volver a las cárceles donde ejercen control para dirigir crímenes, como extorsiones y asesinatos.

Otro tanto ocurre con casos como el de Floridalma Roque, que murió en la sala de operaciones por negligencia de Kevin Malouf. El cirujano trató de ocultar el hecho descuartizando el cuerpo y tirándolo en una fosa común, a 29 kilómetros de la capital. El juzgado Quinto de Primera Instancia Penal se inhibió de conocer el caso por considerar que es “menos grave” y lo trasladó a un juzgado de Paz Penal. Esta resolución es un insulto para la memoria de la víctima, así como para sus familiares que demandan justicia.

De igual manera sucede con el caso de Melisa Palacios, quien presuntamente habría sido ultimada por Fernanda Bonilla y su guardaespaldas Luis Marroquín. Según las investigaciones, la víctima habría sido asfixiada, arrastrada y rematada con una piedra en Río Hondo, Zacapa. Pese a que el crimen habría sido cometido con alevosía y ventaja, los hechores aseguran que ocurrió en estado de emoción violenta. Luego de que un juzgado los enviara a juicio, la defensa recusó el fallo y trata de que el caso sea trasladado a la jueza Abelina Cruz. La treta es clara: llevarlo a una jueza que ha dejado en la impunidad varios casos relacionados con crímenes y corrupción.

A ese hecho se agrega el de Larkin Daniel Morales, quien sufrió un intento de asesinato por parte de Carlos Acevedo. El hechor lanzó tres veces su vehículo contra Morales, quien conducía una moto en la zona 9 capitalina. Pese a la gravedad de la acción, Acevedo solo fue ligado por lesiones graves y obtuvo libertad condicional, mientras que la víctima sufrió la amputación de una pierna. En este caso, el Ministerio Público se hizo de la vista gorda porque presuntamente el victimario ha estado vinculado con esa institución.

Frente a estas evidencias es difícil confiar en que la administración de justicia está en buenas manos. Al contrario, la dictadura judicial se ha ido consolidando para brindar impunidad y servir a intereses políticos.