Entre enero y julio de 2025, 1 mil 258 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en Guatemala, según los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAP), recopilados por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), todos considerados productos de violación automática según la ley.

La distribución por edad muestra que dos menores de 10 años, siete de 11, 39 de 12, 254 de 13 y 956 de 14 años dieron a luz durante este período.

Aunque la ley presume que todo embarazo en niñas menores 14 años constituye una violación, numerosos casos registrados a esa edad reflejan concepciones ocurridas cuando las menores tenían 13, lo que, de acuerdo con el Código Penal, se considera violación automática.

Los departamentos con mayor incidencia de embarazos en niñas fueron: Huehuetenango (176 casos), Alta Verapaz (162), Guatemala (134), Quiché (115) y San Marcos (104). Los registros más bajos se observaron en El Progreso (4), Sacatepéquez (11) y Sololá (19).

LEY LOS CONSIDERA VIOLACIÓN

En Guatemala, la ley es clara. Todo embarazo en una niña menor de 14 años se presume producto de violación. Según el Artículo 173 del Código Penal, el acceso carnal a una persona menor de 14 años constituye violación automática, incluso si no hay evidencia de violencia física o amenazas. En estos casos, la pena para el agresor se agrava, oscilando entre 12 y 20 años de prisión, reflejando la presunción legal de que la menor no puede otorgar su consentimiento.

El Código Penal también contempla sanciones específicas para casos en que la agresión sexual ocasione un embarazo. El Artículo 173 Bis establece que si la víctima es menor de 14 años, el responsable puede enfrentar penas de 14 a 25 años de prisión, con agravantes adicionales si el autor es ascendiente, tutor o tiene autoridad sobre la menor. Estas disposiciones buscan garantizar que la justicia penal reconozca la gravedad de los daños físicos y psicológicos que enfrentan las niñas víctimas de violación.

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A nivel constitucional, el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas. El Artículo 3 de la Constitución garantiza la vida desde la concepción, y el Artículo 47 obliga a resguardar a la familia y a los grupos más vulnerables, incluidas las niñas.

UN RECIENTE ANTECEDENTE

En junio pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Guatemala violó los derechos de una niña de 14 años, obligándola a continuar con un embarazo producto de violación y asumir responsabilidades parentales en circunstancias coercitivas. El Comité calificó la situación como un trato comparable a tortura y señaló que forzar la maternidad sobre una niña constituye una grave violación de los derechos humanos, afectando su dignidad, su futuro y sus derechos fundamentales.

Asimismo, el Comité instó al Estado parte a establecer un sistema para registrar y monitorear los casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas y adolescentes, para poder mejor trabajar en su erradicación.

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También le solicitó adoptar medidas para reparar el daño que el embarazo y la maternidad forzada causaron en los proyectos de vida de la menor de edad, facilitándole el acceso a la educación superior y a las actividades extracurriculares que ella considere necesarias para poder alcanzar sus metas profesionales y personales.

Este fenómeno pone de relieve la vulnerabilidad de la niñez guatemalteca y la insuficiencia de la protección estatal. Guatemala es uno de los países de América Latina con altas tasas de maternidad forzada y sistémica impunidad frente a la violencia sexual, según denuncias de organismos internacionales y organizaciones nacionales.