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Análisis | El caso de “El Lobo”: seguridad, derechos humanos y controversia judicial
En #ALas845, Lesther Castellanos, relator contra la tortura; José Alejandro Córdova, titular de la PDH; y Franck Ríos, relator titular de la región metropolitana, aclararon que sus oficinas no emitieron recomendaciones para trasladar a pandillero.
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En el análisis de ALas845 se discutió sobre el caso del pandillero alias “El Lobo”, sobre quien una juez ordenó su retorno a la cárcel de Fraijanes II, desde el centro de máxima seguridad Renovación I, lo que provocó controversia en varios sectores alrededor de la seguridad, derechos humanos y el ámbito judicial.
Los invitados fueron Lesther Castellanos, relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; José Alejandro Córdova, Procurador de los Derechos Humanos; y Franck Ríos, relator titular de la Región Metropolitana de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
La orden de trasladar a Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, líder de la pandilla Barrio 18, el cual, según el Mingob, se mantiene en Renovación I, provocó la impugnación del Sistema Penitenciario.
Relator de la región sur dio la recomendación del traslado
La controversia además se dio alrededor de algunos señalamientos contra el titular de la PDH y el relator titular del mecanismo contra la tortura, por supuestamente “recomendar” el traslado del privado de libertad. Esta noche, los aludidos dieron su postura de los hechos.
Córdoba señaló detalles “históricos” sobre el tema, y narró que desde el 5 de septiembre la jueza pidió a su oficina una verificación a Renovación I, para “observar el estado del agua potable y cantidad de reos, alimentación” y otros detalles.
“Luego se llevó a cabo la verificación, y por ser un proceso judicial, no podemos revelar mucho del mismo. En ningún momento el PDH emitió recomendación para algún traslado. Eso no es competencia del procurador. Se hizo una verificación, y hallamos ciertas situaciones como la hora de alimentación y el agua potable. Se hicieron unas recomendaciones administrativas al Sistema Penitenciario, pero no se verificó que se estaban violentando los derechos”, dijo.
Desconocen informe y paradero de relator
Por su lado, Ríos explicó la labor del mecanismo y dijo que se integra por 5 titulares y 5 suplentes, para que cada uno se encargue de una región del país. “La región sur es de Alfred Sánchez, quien se supone emitió la recomendación de que se trasladara al reo. Nosotros podemos hacer visitas sorpresivas en cárceles para verificar que no hay tratos crueles. No hemos tenido acceso al informe del relator de la región sur, no puede ser requerido por información pública, porque tiene reserva. No nos consta lo que recomendó, pero el mecanismo no tiene la facultad de traslados si no hay una verificación previa de una unidad del sistema penitenciario”, señaló.
Castellanos añadió que “es inaceptable la opacidad del relator Sánchez” e insistió en decir que desconocen la recomendación de su colega. “En dado caso la Comisión de Derechos Humanos del Congreso puede pedir su renuncia por su visión unilateral. No sabemos qué recomendó”, y añadió que la ley ordena que los informes deben ser avalados por dos firmas por lo menos, de relatores.
“Pudo ser que el relator Sánchez haya atendido una queja de un privado de libertad. Presumimos que ese informe es el que hay, pero en la oficina no aparece. No sabemos donde está el informe”, reveló.
Agregó que no conocen el paradero del relator Sánchez y dijo que se necesita que el mecanismo tenga un pleno “urgente”. Pero reconoció que sí pueden entre sus potestades, recomendar el traslado pero solo si hay hechos concretos. “Los problemas relacionados es que no hay una clasificación de reos, y no hay reinserción adecuada, o que hayan cárceles de prisión preventiva, que según la ley debe haber una por departamento”, explicó.
Independencia judicial
Córdova explicó que entre las razones para que pudiera ser trasladado, explicó que la jueza tiene sus criterios y posee independencia judicial para aplicarlos. “Quizá vio alguna situación que estuviera padeciendo, para ordenar el traslado. El informe, no lo puedo ampliar porque es parte de un proceso judicial, pero nosotros no recomendamos el traslado porque eso es parte de la independencia judicial; y se acató lo ordenado. Tendríamos que leer los fundamentos de la juez para considerar el traslado del privado de libertad”, dijo.
Ríos por su lado, consultado sobre que el relator Sánchez no es ubicado, dijo que solo se ha podido comunicar con el presidente del mecanismo. “Se convocará hasta la otra semana el pleno para tomar una decisión. Pero sí vamos a pedir las investigaciones en contra de este relator o contras quien sea responsable, porque no nos consta si fue él o alguien de su equipo de trabajo. No es normal que se desaparezca. Esto es intolerable no saber qué postura fue. No fuimos informados como órgano de esta diligencia“, dijo.
Castellanos añadió que alias “El Lobo” se mantiene en Renovación I porque hay una impugnación. “Pero los recursos de la apelación, tiene efectos suspensivos, o sea que están obligados a acatar la orden de la jueza. Entiendo que no lo han trasladado por esta apelación, pero puede ser riesgoso porque les pueden certificar lo conducente, por no trasladarlo”, señaló.
Agregó que en todas las cárceles hay hacinamiento y se estima una sobrepoblación de “casi 30 mil”. “En las de máxima seguridad, su propia denominación es que es para ciertos perfiles y Fraijanes II no tiene este perfil”, resaltó.
Ríos fue consultado sobre la discrepancia entre los derechos humanos y el mantenimiento de criminales de un perfil peligroso o si se puede encontrar “un punto medio”. “Entidades de derechos humanos ponderamos en las verificaciones, pero no se destaca que las entidades no podemos hacer un requerimiento a un juez contralor. Una jueza tuvo que hacer su sana decisión, para ordenar el traslado. Se puede verificar la escasez de agua y otros, pero tampoco es que podamos hacer la recomendación; podemos sugerir en una visión general, para todos los privados de libertad, a menos que uno de éstos haga una denuncia”, añadió.
Córdova recordó que son designados por el Congreso y seguramente serán citados por la Comisión de Derechos Humanos para hablar sobre el tema.