Seis trabajadores de la SBS fueron heridos en un ataque en el albergue “Casa Nuestras Raíces”. La tensión surge por restricciones judiciales y falta de resolución del caso, mientras menores siguen vulnerables.

La madrugada de hoy se registraron hechos violentos en el albergue “Casa Nuestras Raíces”, donde residen miembros de la secta Lev Tahor, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Seis trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) resultaron heridos, dos de ellos con lesiones oculares graves tras ser rociados con cloro. “Recibieron atención médica, pero las secuelas persisten”, informó el secretario de la SBS, Marvin Rabanales.

Según Rabanales, la tensión en el albergue ha ido en aumento debido a una orden judicial que prohíbe el ingreso de alimentos externos. “Garantizamos atención integral y respeto a sus creencias, pero esta restricción ha generado conflictos con los acogidos”, afirmó.

El secretario denunció que el personal enfrenta amenazas constantes y alertó sobre la creciente hostilidad hacia las autoridades. Además, señaló que la lentitud del sistema judicial ha dificultado la resolución del caso. “No tenemos un juez natural que asuma el proceso. Hemos presentado gestiones, pero los expedientes son trasladados de un juzgado a otro sin resolución definitiva”, explicó.

Rabanales lamentó que los menores permanecen en situación de vulnerabilidad, mientras que las instalaciones han sufrido daños. A pesar de ello, destacó que la SBS ha implementado estrategias para abordar la crisis, incluyendo un plan estratégico liderado por María José Ortiz Samayoa, subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia.

El secretario subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para responder a la situación. En una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, se acordó trabajar articuladamente con el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación.

El caso de “Casa Nuestras Raíces” ilustra los desafíos de proteger a niños, niñas y adolescentes en situaciones complejas, donde los derechos fundamentales y las creencias religiosas generan tensiones. “El interés superior del niño debería ser el principio rector, pero seguimos atrapados en un sistema judicial que no responde con celeridad”, concluyó Rabanales.

Por Andrea Palacios