En Centroamérica la inversión —es decir, el gasto en infraestructura, planta y equipo para producir más y mejor— se ha convertido en una especie de santo grial: todos la buscan, la veneran, pero pocos la encuentran. Los números no mienten: ni Guatemala ni El Salvador logran generar ni atraer suficiente inversión para sostener un crecimiento robusto. Ambos países, con fortalezas evidentes —estabilidad macroeconómica en Guatemala, mejoras en seguridad e infraestructura en El Salvador— siguen exhibiendo tasas de inversión crónicamente bajas.

La inversión —la parte del PIB que no se consume, sino que se transforma en capital productivo— permanece anémica en nuestros países. En Guatemala, ronda el 15% del PIB; en El Salvador, la cifra es similar. Son porcentajes que nos condenan a un crecimiento mediocre, a una economía que no despega y a una generación de empleo insuficiente. Y mientras nosotros seguimos en el letargo, Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con perfiles muy distintos, sí logran atraer flujos de capital importantes. El año pasado, Guatemala atrajo apenas US$1.6 millardos de inversión extrajera directa (IED) y El Salvador apenas US$0.6 millardos. En contraste, Nicaragua y Costa Rica, con modelos radicalmente distintos, sí están logrando captar capitales. En 2024 ingresaron US$3 millardos de IED a Nicaragua, y US$4 millardos a Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Nicaragua lo logra con un modelo de atracción de inversiones controvertible: ofrece prebendas, exenciones y tratos preferenciales a ciertos inversionistas —muchos provenientes de países “no convencionales”— a cambio de convertirse en socios del régimen de Ortega. Se trata de una inversión de alto riesgo político, que saca del país cada año casi tantos recursos como los que ingresa, con escasa sostenibilidad en el largo plazo. Costa Rica, en cambio, ofrece un modelo más convencional. Con su régimen de zonas francas, una democracia funcional, estabilidad jurídica y paz social, ha logrado posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo; y una proporción importante de las utilidades generadas por esa inversión permanece y se reinvierte en el país. Es un modelo que, con todos sus retos, ha dado frutos.

La comparación revela que, para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica ni con reducir la criminalidad. Tampoco es suficiente abrir las puertas al capital extranjero sin un marco normativo sólido que garantice derechos, reglas claras y certidumbre a largo plazo. La inversión —sobre todo la inversión seria, productiva, de largo aliento— no busca únicamente incentivos fiscales. Busca institucionalidad.

En Guatemala seguimos atrapados en un círculo vicioso: escasa inversión genera bajo crecimiento, lo que a su vez impide mejorar las condiciones estructurales para atraer más inversión. La falta de certeza jurídica, la debilidad del Estado de derecho, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la ausencia de infraestructura básica son los verdaderos cuellos de botella.

No podemos aspirar a replicar el caso costarricense si nuestra institucionalidad se asemeja más a la de Nicaragua. Tampoco podemos seguir creyendo que con “marca país” o buena imagen internacional bastará. El inversionista ve más allá del eslogan: mide el riesgo, sopesa el retorno, evalúa la gobernanza. ¿La lección? La inversión no se decreta ni se maquilla. Se cultiva con paciencia institucional. Costa Rica lo entendió hace décadas. Nicaragua, aunque capta capitales, juega con fuego. Guatemala y El Salvador aún parecen no haber decidido qué modelo seguir.