En una entrevista con la cadena internacional Fox News la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Honduras, Guatemala y México funcionan como “puentes aéreos” utilizados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para facilitar el tráfico de drogas.

Según Bondi, estas rutas permiten que aeronaves procedentes de Venezuela eviten ser detectadas.

De acuerdo con datos del gobierno estadounidense, se han confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, señalado de liderar el denominado Cártel de los Soles. En 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos lo acusó formalmente de narcotráfico y terrorismo.

La funcionaria asegura que está organización del Cartel de los Soles aun sigue funcionando, por su parte autoridades de Venezuela destacan que esto ha sido un invento de Estados Unidos.

En su canal de Telegram la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez se pronunció al respecto, destacando que la funcionaria estadounidense persiste en sus planes para desprestigiar al jefe de estado Venezolano.

“Pam Bondi exhibe sin vergüenza un render de cartón para persistir en su ridículo y barato show contra el presidente Nicolás Maduro…” se lee en un mensaje.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), rechazó las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien señaló que el espacio aéreo guatemalteco es utilizado como puente para actividades de narcotráfico vinculadas al gobierno de Venezuela.

En un comunicado oficial, la Cancillería afirmó que Guatemala no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, para combatir las redes criminales.

El Minex indicó que el sistema de detección de trazas aéreas y marítimas opera en coordinación con autoridades estadounidenses y aseguró que, en los 19 meses de la actual administración, no se han detectado aeronaves con droga en el espacio aéreo ni en el territorio nacional. Según el comunicado, de un promedio de 73 aterrizajes ilegales anuales registrados en gobiernos anteriores, solo se ha reportado un caso en el actual período.

Por Roxana de León