En cinco zonas de la capital, así como en los alrededores del Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, el uso irregular de la vía pública para cobrar parqueo de manera informal se ha convertido en un problema persistente.

No solo afecta a quienes transitan ocasionalmente por estas áreas o a quienes llevan a pacientes, sino también a vecinos y trabajadores que viven o laboran en esos perímetros y que, pese a tratarse de calles públicas, deben pagar para estacionarse.

“En zonas como 1, 9, 10, 13 y 14, especialmente alrededor de hospitales, ya no permiten estacionarse si no se paga; eso se acerca a una extorsión”, expuso el diputado del bloque Victoria Juan Carlos Rivera, durante una citación en el Congreso a finales de noviembre de 2025 en la que reunió a autoridades de tránsito.

Héctor Flores, gerente general de Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y jefe de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala, advirtió, que se trata de un fenómeno que ha cambiado de naturaleza.

“Es un fenómeno que ha ido evolucionando y, si es un problema que se está generalizando y que existe prácticamente en cualquier municipio del país, se vuelve relevante y requiere un trabajo interinstitucional”, afirmó en la reunión.

Flores explicó que ya no se trata de casos aislados vinculados únicamente a la falta de empleo. “No es un apartaparqueos simple que, por necesidad, llega a la calle. Ya estamos viendo estructuras organizadas. No es violencia aislada, creemos que el crimen organizado ya está metido”, señaló, al referirse a distintos hechos de agresión como amenazas contra personal municipal durante operativos.

Por esa razón, debido a los casos que se han vuelto más recurrentes, afirmó que es necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar a fondo cómo están operando y en qué delitos podrían estar cometiendo.

Aunque la ley y el reglamento de tránsito facultan a Emetra para liberar la vía pública, las autoridades reconocen que ese marco resulta insuficiente. “Cumplimos con nuestra función administrativa, pero no tenemos los instrumentos jurídicos para enfrentar lo que hoy es un esquema más complejo”, admitió Flores, al subrayar que el problema ha escalado a manifestaciones de violencia y control territorial.

Modus operandi y un negocio estructurado

Las autoridades identificaron un patrón repetitivo en la operación de los llamados “apartaparqueos”. Utilizan botes, cajas, bancos y otros objetos para reservar espacios y luego cobrar cuotas que oscilan entre Q10 y Q30 diarios por vehículo. En algunos puntos de alta afluencia turística, incluso se cobra en dólares a extranjeros. El dinero se recauda de forma constante y ya organizada.

Rivera, quien ha decidido mantener el tema sobre la mesa, dijo que en fiscalizaciones en la zona 10, por ejemplo, se detectó el control de hasta 100 motocicletas en una sola calle para maximizar el cobro diario.

“Si uno hace los números del cobro diario, queda claro que ya no es informal: hay ingresos constantes y una estructura detrás”, agregó el legislador.

Seguido a su afirmación, se dio a conocer que entre enero y noviembre de 2025, Emetra realizó 344 operativos de limpieza y retiró cerca de 1 mil 197 metros cúbicos de obstáculos de la vía pública. Sin embargo, los objetos regresan casi de inmediato.

Flores relató un operativo en las cercanías del Hospital San Juan de Dios en el que, tras retirar los bancos, los responsables abrieron el baúl de una camioneta tipo “suburban” y mostraron más objetos almacenados para volver a ocupar la calle. “Eso demuestra que ya no es un tema simple”, subrayó.

Hugo Godoy, director de la PMT, explicó el límite operativo. “Cumplimos con retirar los obstáculos, pero no tenemos facultad legal para identificar a las personas porque no podemos exigirles su Documento Personal de Identificación (DPI). Es un círculo vicioso, nosotros quitamos los objetos, ellos los sacan de un vehículo y vuelven a tomar la calle”.

Según Godoy, esta situación se repite todos los días y en los mismos puntos. Las autoridades también advierten que incluso tienen rutas establecidas para entregar a los cuidadores de carros los artículos y tiene funciones divididas.

“Hay personas que ya tienen una ruta definida: dejan bancos en un punto, luego en otro y así sucesivamente. Es un negocio bien definido y estructurado, donde alguien está recibiendo todos esos ingresos”, indicó Flores.

Vacío legal

Durante una segunda citación, el 4 de diciembre de 2025, autoridades de la PNC y el Ministerio Público coincidieron en que el principal obstáculo para avanzar es la falta de protocolos y herramientas legales específicas.

José Gómez Santos, subdirector de Investigación Criminal de la PNC, advirtió que el problema ya genera violencia. “Amenazan, rayan vehículos y cobran incluso a residentes. Sabemos dónde ocurre, pero no hay una regulación que nos permita desalojar de forma directa”, explicó.

El MP alertó sobre posibles vínculos con otros delitos. Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP, aseguró que en operativos conjuntos se ha observado que algunos apartaparqueos colaboran con estructuras criminales dedicadas al robo de vehículos.

“Hemos podido establecer que algunas de estas personas se comunican con grupos de delincuencia organizada cuando buscan determinado vehículo. Llegan, lo cortan y escalan a delitos que ya afectan el patrimonio de los ciudadanos”, señaló.

Ese mismo fiscal enfatizó que existe una “carencia de protocolo de acción” frente a esta problemática, aunque recordó que la ley ya permite actuar en casos de amenazas, o por daños a la propiedad, al considerarlos delitos en flagrancia.

También destacó que la plataforma Delito Cero identifica zonas y horarios con mayor incidencia, como los parqueos clandestinos de la zona 1, donde coinciden el cobro ilegal y el hurto de motocicletas. Este tipo de información podría servir de referencia para identificar a posibles grupos organizados, explicó.

Ante este escenario, en la citación se discutieron dos posibles rutas para enfrentar el problema. La primera es continuar con mesas técnicas y trabajo de campo interinstitucional para documentar cómo ocurren los hechos, o bien, avanzar hacia una reforma legal.

👊 ¡SE ACABÓ EL NEGOCIO DE LOS APARTAPARQUEOS! pic.twitter.com/UtdbRpfE26

— Juan Carlos Rivera (@DiputadoRivera) December 16, 2025

Flores planteó incluso la creación de un nuevo tipo penal —un artículo 14 Bis— para sancionar la coacción por cobro de parqueo en la vía pública, especialmente cuando se bloquea el acceso a servicios esenciales como hospitales.

Mientras tanto, la Policía reconocieron que hay un vacío legal que mantiene activo un negocio ilegal que ya supera la capacidad de respuesta administrativa y plantea riesgos crecientes para la seguridad ciudadana.

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