El Ministerio Público (MP) no proporcionó detalles sobre la inmovilización de Q300 millones a dos constructoras, en medio de un caso por posible corrupción y lavado de dinero, hecho del cual informó el pasado 5 de marzo.

En esa fecha, el MP publicó en sus redes sociales que la Fiscalía de Extinción de Dominio había logrado que se decretaran medidas cautelares del embargo de dicha suma, que se encontraban en las cuentas bancarias de las empresas Sigma Constructores, S. A. y HW Contractors, S. A.

Las diligencias «preliminares», enfatizó el MP en su comunicación, se iniciaron por «denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial —IVE— la cual recibió dos alertas de transacciones sospechosas».

Un día después de que el MP hiciera pública la millonaria inmovilización, La Hora consultó con la oficina de Comunicación de la fiscalía, a raíz de qué denuncia se comenzó con las investigaciones y cuándo se presentó, si es que hay alguna. Aunque la institución respondió que haría las consultas, hasta el cierre de esta nota no había dado una respuesta.

El 7 de marzo se les volvió a preguntar, sin éxito, cuándo ocurrieron dichas transacciones sospechosas y si, aparte de la denuncia de la IVE, hay alguna otra en contra de las constructoras, que se haya presentado directamente en el MP.

DATOS

En la publicación del 5 de marzo, el MP dio a conocer que las alertas emitidas por la IVE informaban que las empresas «realizaban transacciones financieras millonarias con la finalidad de trasladar el dinero hacia territorios catalogados como paraísos fiscales, entre ellos, Islas Vírgenes Británicas».

Por lo cual, los posibles delitos en que habrían incurrido las firmas son: corrupción y lavado de dinero u otros activos, debido a que han recibido fondos del Estado «en los últimos meses».

El MP añadió que las medidas cautelares habían sido denegadas por una jueza del Juzgado de Extinción de Dominio, pero que presentó una apelación ante la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que resolvió a su favor y ordenó la inmovilización de los Q300 millones.

La Hora publicó el pasado 23 de noviembre de 2024 un artículo en el cual se dio a conocer que ambas firmas eran parte de un grupo de constructoras que han sido objeto de señalamientos, pero que a pesar de eso recibieron millonarios desembolsos por parte del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).

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Puntualmente, HW Contractors, hasta esa fecha había recibido Q314.17 millones, aunque la mayor parte, Q221.8 millones por resoluciones judiciales. Por su lado, Sigma Constructores recibió pagos por Q66.2 millones.

Las dos empresas fueron acusadas por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser utilizada por el empresario José Mynor Palacios Guerra para lavar dinero en el caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”. A HW Contractors también se le vinculó con el caso “Construcción y Corrupción”.

¿Y LAS OTRAS DENUNCIAS?

La IVE también ha presentado denuncias por transacciones sospechosas que involucran a otras empresas, pero de las cuales no se conocen mayores acciones.

Entre estas se encuentran la que se hizo por las transacciones de La Botica, farmacéutica vinculada con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta empresa, de hecho, suma dos denuncias por parte de la IVE.

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El 1 de septiembre de 2024,La Hora dio a conocer que dicha denuncia, MP510-2023-337, fue presentada desde 2023y aparte de La Botica, se señalaba a Farmacia LB, empresa de su propiedad, así como a Jairo Ernesto Ponce Fernández y Francisco Valdés Paiz, también allegados con la referida firma.

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La otra denuncia que involucra a La Botica es por créditos provenientes del Instituto Guatemaltecos de Seguridad Social (IGSS) y de la Tesorería Nacional por adjudicaciones que les otorgó el Estado, pero que encendieron las alarmas por ser cifras altas.

Además, la IVE también presentó dos denuncias por transacciones sospechosas de la empresa Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro), también relacionada con Martínez. De estas tampoco se conocer resultados.

Dichas denuncias, cita un artículo de este medio, son de 2022 y 2024 y están identificadas con los números MP510-2022-76 y la segunda MP510-2024-30. La primera hace referencia a “ingresos en efectivo” que, según una declaración, fue por la “compra/venta” de combustible. También se registró en sus cuentas un “cheque ajeno” por Q1 millón que fue emitido por otro banco del sistema y que no cuenta con “documentos que respalden las operaciones”.

La segunda menciona a otra empresa, Constructora Alian, S. A., la cual registró ingresos provenientes de notas de crédito por orden de la Tesorería Nacional.

Dice que hubo débitos “a favor de personas individuales y jurídicas que registran actividades económicas que difieren de la información descrita en el formulario para inicio de relaciones, así como compra de vehículos, traslados de fondos a cuentas a nombre de la misma sociedad, en diferentes bancos del sistema financiero”.

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✅ Embargan Q300 millones a empresas constructoras

La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se decretaran medidas cautelares de embargo, gracias a las cuales se inmovilizaron más de 300 millones de quetzales que se encontraban en… pic.twitter.com/N7HzSTbSPh

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 6, 2025

Asimismo, hay otras dos denuncias que involucrarían a la expresidenta del Congreso, Shirley Rivera, por transacciones sospechosas con una constructora y por haber recibido fuertes cantidades de dinero, mayormente en efectivo, así como efectuar retiros por medio del cobro de cheques y depósitos a otras personas. De estas, tampoco se conocen avances.

Tampoco ha habido resultados por las denuncias que involucran a una de las farmacéuticas favoritas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Aviv Farmacéutica. Estas también fueron presentadas por al IVE debido a transacciones sospechosasdesde sus cuentas bancarias.

El MP tampoco respondió qué avances ha habido en estas denuncias que ha presentado la IVE.