El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se encuentra en el centro de la polémica tras reportarse daños en la infraestructura del Palacio Nacional de la Cultura, atribuibles a las acciones de sus manifestantes que permanecen en las afueras del emblemático edificio desde el 26 de mayo.

El presidente dela República, Bernardo Arévalo, informó en su reciente intervención en «La Ronda» que ya se han presentado dos denuncias formales por parte del Ministerio de Cultura y Deportes: la primera el 11 de junio y la segunda, una ampliación, el pasado 25 de junio.

Ambas documentan afectaciones al inmueble declarado como bien de clase A, categoría que lo posiciona como uno de los patrimonios más protegidos del país.

El mandatario enfatizó que las acciones legales seguirán mientras se evalúan más posibles daños:

«Se seguirán presentando denuncias a medida que se vayan constatando nuevos daños. En el momento en que terminen de levantar esas champas que tienen fuera, se hará una revisión para identificar cualquier tipo daño que hayan hecho y se apliará nuevamente las demandas correspondientes» señaló Arévalo.

Manifestación del STEG prolongada genera preocupación

Desde finales de mayo, los miembros del STEG han mantenido una manifestación indefinida frente al Palacio Nacional, en protesta contra decisiones del Gobierno.

Para ello, instalaron carpas improvisadas en pleno Centro Histórico de la capital, acompañadas de pancartas que identifican a los grupos por departamentos.

La protesta ha generado no solo una alteración en la dinámica del Centro Histórico, sino también preocupaciones sobre la conservación del edificio que, además de su valor histórico, cumple funciones como sede de eventos oficiales de alto nivel.

El Ejecutivo advirtió que, tras el desalojo de los manifestantes, se realizará una evaluación estructural detallada para cuantificar los daños y avanzar en las respectivas responsabilidades legales.

La situación pone en debate el equilibrio entre el derecho a la protesta y la protección del patrimonio nacional, en un contexto político y social aún marcado por tensiones sectoriales.

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