Tres abogados presentaron una acción contra el decreto 36-2024, señalando violaciones a la Constitución en la distribución de fondos estatales.

Los abogados Miguel Roberto Balsells, Gerardo Antonio Gálvez y José Manuel Ramírez presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 36-2024, que aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2025.

La solicitud, presentada el 1 de enero de 2025, argumenta que el decreto contiene disposiciones que vulneran la Constitución Política, específicamente en lo relacionado con los porcentajes de aportación a diversas entidades estatales, los cuales, según la ley, están fijados de manera taxativa.

Según los abogados, el decreto contradice normas jurídico-legales aplicables y afecta garantías constitucionales vinculadas al principio de legalidad. Entre las entidades que, según ellos, no recibieron las asignaciones presupuestarias correspondientes figuran la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad, la Escuela Nacional Central de Agricultura, el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) y las municipalidades.

La Corte de Constitucionalidad ya recibió la acción legal y deberá analizarla en los próximos días para determinar si otorga un amparo provisional.

El presidente Bernardo Arévalo autorizó la publicación del Presupuesto General de la Nación para el 2025, el cual asciende a Q148 mil 526 millones.

Por Bryan Choy