El negocio de ser candidato: Así se benefician los políticos aunque pierdan las votaciones
Dinero en efectivo, influencias, negocios. Ser candidato es una oportunidad para muchos, que ven en las elecciones el mejor momento para lucrar y ganar influencia.
21/03/2023 05:00
Fuente: Prensa Libre
Saben que no van a ganar, pero quieren participar y se dejan seducir por la popularidad que puedan tener para intentarlo de nuevo en la próxima contienda electoral. Quienes tienen experiencia saben que pueden obtener ganancias millonarias con la venta de candidaturas. Si el partido alcanza el 5 por ciento de votos recibirá fondos del Estado y optará a puestos clave en algún ente público si estrecha alianzas con el binomio ganador. Todo se resume en negocios para el partido, su secretario general o el candidato a la presidencia.
En tiempos en los cuales las redes sociales pueden posicionar a un candidato o agrupación política bajo los reflectores ciudadanos por “muy pequeña que sea, no es difícil”, y eso los puede catapultar en popularidad para futuros eventos o les abre puertas para cualquier tipo de negocio, según políticos y excandidatos consultados.
El dinero abunda
Ellos prefieren no hablar sobre los movimientos que hubo en las agrupaciones que los postularon y niegan haber pagado para ser candidatos o recibir fondos para quienes los buscaron, pero dicen ser testigos de cómo el dinero mueve los engranajes de los partidos en tiempos electorales.
“Los candidatos que pierden creen que les fue bien con su imagen, se animan y buscan apoyo para otras elecciones, no porque en realidad tengan aspiraciones a cambiar las cosas y resolver problemas, sino por el negocio que eso les deja”, expresa Roberto Alejos, exdiputado y quien en el 2011 fue precandidato a la presidencia por el partido Todos, que él fundó.
“Por muy pequeño que sea el partido, vende las diputaciones, las alcaldías y se vuelve una forma de vida. Si el partido logra pasar el porcentaje de votos que marca la ley, tiene plata por cada voto y se mantiene vigente. Hay quienes piensan en cambiar sus votos por algo, con el que quede en la segunda vuelta, hasta por plazas en una embajada”, añade.
La Ley Electoral establece que el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos a razón del equivalente en quetzales a US$2 por cada voto legalmente emitido a su favor, siempre y cuando la organización haya obtenido no menos del 5 por ciento del total de sufragios válidos durante las elecciones generales.
Concluidos los comicios del 2019, el Estado comenzó a ejecutar el pago de Q79 millones 137 mil 660 en concepto de lo que en lenguaje popular se conoce como “deuda política”. Esa deuda política y el número de aspirantes en estas elecciones serán mayores. En la contienda pasada participaron 35 mil candidatos a puestos de elección popular en representación de 26 partidos políticos. En esta ocasión hay 29 partidos inscritos hasta el momento en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Todo un negocio
“Siempre hay gente que está dispuesta a financiar a otra gente que se presenta para ser candidato y que promete hacer cambios, hay muchos que viven de eso”, dice Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva y excandidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana en el 2019.
Agrega que “hay quienes van a ser candidatos hasta que ya no puedan, porque siempre hay alguien que les financia su salario y algunos tienen sueldos de Q50 mil al mes porque deben dejar toda actividad económica para dedicarse a ser candidatos de tiempo completo”.
Según afirma, él nunca recibió algún pago por ser candidato. Sin embargo, dice tener conocimiento de aspirantes a la alcaldía de Villa Nueva que han recibido salarios por su participación, aunque prefiere no mencionar nombres ni apellidos “para no meterse en problemas”.
“Es una práctica común. Los partidos grandes tienen la capacidad de pagarles eso a los candidatos, porque creen que los van a posicionar. Al final, a las elecciones todos las ven como un negocio: los que colocan vallas publicitarias, los medios de comunicación, por ejemplo”, prosigue Escobar.
Secretario y algo más
A pesar de existir un comité ejecutivo, el secretario general, que por lo general también es candidato a la Presidencia, es el que goza de más privilegios para decidir sobre las candidaturas y el que las negocia.
Aunque no logren sus expectativas, los votos que obtenga cada candidato les da una cuota de poder que les permite buscar una alianza en segunda vuelta y obtener un ministerio o una embajada, de acuerdo con Carlos Barreda, quien llegó al Congreso con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“Hemos visto cómo los partidos colocan a los candidatos dentro del Ejecutivo del candidato ganador. Colocan personas dentro del gabinete de gobierno como ministros o secretarios de Estado, y eso es parte de una componenda personal porque no se ve que sea una alianza en términos de un programa de gobierno”, agrega.
Hay partidos de centro izquierda que mantienen una base ideológica, dice Barreda, pero la mayoría son mercantilizados y es común que vendan candidaturas, en especial las casillas para los aspirantes a diputados por la lista nacional.
“Ya no son partidos sino vehículos, y lo que prima es el aporte económico para obtener una casilla, y una muy pequeña minoría se mueve en el sistema político. Podría decir que el 95 por ciento de las agrupaciones se mueve por intereses económicos y el resto, por ideología”. Este es un problema que si bien no es nuevo sale a la palestra cada cuatro años y, según Barreda, las farmacéuticas, las constructoras y hasta el crimen organizado son los que más buscan cómo comprar los puestos de postulación y colocar a sus candidatos en los partidos punteros.
“¿A qué puede ir un diputado al Congreso? Va ir a mover droga y para que no lo pare la Policía va a tratar de manejar a los comisarios y buscar cómo meterse a la comisión de Defensa. Hay diputados que se pelean por estar en la comisión de Defensa, citan al jefe de la Policía y piden que les cambien los agentes”, indica.
Ocós, San Marcos; Ipala, Chiquimula; Moyuta, Jutiapa, y la cabecera de Huehuetenango son municipios en la cuales, según algunos políticos, predomina el temor a participar para un cargo de elección popular porque son territorios que están cooptados por el crimen organizado y solo tienen dos opciones: declinar la postulación o unirse a esos grupos.
Pagos millonarios
“Yo tengo amigos políticos fuertes y me senté a hablar con ellos tres horas y en la última parte de la plática decían: Bueno, son ocho millones, cinco millones de quetzales”, manifestó Marlon Puente, comentarista deportivo más conocido como Pirulo, después de salir de la asamblea del partido Cambio que lo proclamó como candidato a la alcaldía capitalina.
En el 2014, Puente fue condenado a tres años de prisión conmutables por la muerte de Kevin Díaz, de 17 años, quien era fanático del club Comunicaciones. El delito del que se le acusó fue incitación para delinquir.
El monto más bajo que, según Puente, le pidieron para ser candidato fue de Q500 mil. Las propuestas fueron para postularse a diputado y a alcalde. “Estábamos en pláticas para ser candidato a diputado, pero ya no se pudo porque alguien más llegó”, añade, aunque evita mencionar el partido ni quién le hizo el ofrecimiento, pero cree que ese “alguien” puso más dinero para quedarse con su candidatura.
Por su parte, Escobar dice que ha escuchado de pagos de hasta Q5 millones por casillas distritales. Sin embargo, en ocasiones no todo es dinero y hay excepciones, aclara Alejos, pues no todos los puestos están a la venta. Esto ocurre cuando el candidato es popular y más bien le “hace un favor al partido” para posicionarlo en las preferencias, en especial si es pequeño y de reciente formación.
“Si por el contrario el partido quiere sumar votos y busca a alguien popular y sabe que le conviene, a esa persona se le convence para que participe y no le va costar nada; por el contrario, es el partido el que le ofrece apoyo económico, para que se quede”, asevera Alejos.
También están las excepciones y hay candidatos que no pagan nada. “Su pase” es ser amigo del secretario general o del candidato presidencial. Asimismo, puede ocurrir que el partido no “jaló” simpatizantes en determinado lugar porque lo consideran de derecha o izquierda, y la misión de ese candidato que no pagó es aprovechar su liderazgo local para buscar la manera de ganar votos en esos territorios.
“La plata no la van a pedir de forma descarada para la campaña, pero siempre lo hacen. Nadie gasta menos de Q1 millón y esa plata nunca se recupera. Yo conocí a alguien a quien le pedían Q1 millón para el Parlamento Centroamericano. Los narcos tienen sus candidatos, y si el candidato tiene nexos con el narco, el partido aprovecha para sacarle dinero al narco. El narco busca su partido y compra sus diputaciones, tiene candidatos y les busca partido, es un mundo extraño, corrupto”, señala Alejos.
En la contienda del 2019, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, participó como candidato a la presidencia por el partido Encuentro por Guatemala. Él dice que no pagó por participar, aunque prefirió alejarse de la vida política y no volver a intentarlo con otras agrupaciones, al considerar que ya “no hay debate, que se perdió el interés en discutir los problemas nacionales”.
“La contienda electoral se volvió un negocio”, afirma, y que no todos reciben apoyo financiero importante para decir que se quedan con algo. Más bien están en el juego detrás del candidato, ya sea para dispersar el voto o que puedan impulsar candidatos, que no tiene que ser el presidencial.
Sostiene que hay intereses para que haya control territorial de alcaldes y diputados que representan el interés no visible. Las elecciones, según Marroquín, no son más que una “apuesta para ser parte del escenario político en el cual los candidatos son empujados por grupos económicos que buscan poder en el gobierno” y “los reflectores están sobre la presidencia, pero hay mucho control territorial y muchas candidaturas tienen intereses y presión de grupos económicos”.
“Todo se redujo a quién es el más popular, el más extravagante y el que invierte más en campaña”, dice.
¿Algunos pierden?
No todos los excandidatos o candidatos coinciden en que se gana, y más bien creen que se pierden fondos y prestigio.
“A mí me preguntaban por qué participaba si sabía que no podía ganar, pero considero que en Guatemala hay factores que influyen en la participación electoral. Muchos lo ven como un espacio para darse a conocer. Es un esfuerzo posicionarse en una carrera electoral”, manifiesta Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas Públicas (2016-2018) y excandidato presidencial con el partido Compromiso Renovación y Orden (Creo) en el 2019.
“Quedarse con dinero de campaña, creo que nadie. Tal vez todo el mundo hasta invierte más de su dinero y lo pierde; las alianzas son algo secundario. La mayoría de veces lo que la gente gana es exposición, aunque se pierde rápido. En mi experiencia no hicimos alianza con nadie, no conseguimos ministerios ni nada. Ser candidato conlleva un desgaste, no lo califican a uno como un tecnócrata sino como un político, y se cierran espacios profesionales”, asegura Estrada, quien en esta contienda buscará ganar una curul en el Congreso por lista nacional, en representación del partido Cabal.
“Por lo general, si uno lo hace de buena fe y busca aportar al país, no pierde”, puntualiza el exministro.
Provincias y alcaldías
El dinero de las candidaturas que se venden no solo lo recibe el candidato presidencial o secretario general, sino también el candidato a las corporaciones municipales, afirma Juan Francisco Solórzano Foppa, candidato a la comuna capitalina por la coalición Winaq-URNG-Semilla.
En el 2019, Solórzano intentó competir por la Municipalidad de Guatemala con el comité cívico Mi Barrio, pero quedó fuera del proceso por no presentar su papelería a tiempo, según resolvió la Corte de Constitucionalidad ( CC ).
Como otros candidatos, Solórzano dice que en ningún momento le pidieron algún aporte y tampoco ha solicitado a otros candidatos, aunque está consciente de cómo se mueve el negocio.
“Los que sí ganan son los secretarios generales o departamentales, de quienes dependen muchas veces las nominaciones para diputados distritales, nacionales o alcaldes y planillas municipales. Yo he conocido casos en los cuales les dicen a las personas que deben pagar una cierta cantidad para acceder a un puesto en el listado”, expresa, aunque hace ver que estos cobros no deben “confundirse con el financiamiento que hay que registrar por parte de algunos candidatos que aportan de acuerdo con su poder adquisitivo”.
En el 2019 el TSE fijó en Q29 millones el techo de campaña para cada partido político. Para esta contienda electoral será de Q34.9 millones.
Según lo establecido en el inciso “e” del artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el techo de campaña será el equivalente al total de empadronados un año antes de las elecciones, multiplicados por US$0.50. No obstante, las denuncias por financiamiento no reportado han aflorado en otros procesos.
“A mí no me pagaron por ser candidato cuando ganamos Villa Nueva, no creo que los partidos tengan un dinero para eso. Lo usan más para promocionar sus campañas que pagarle a una persona”, dice Salvador Gándara, exalcalde de Villa Nueva (2000-2004).
“Los candidatos que no logran cautivar al electorado no sé qué puedan ganar. Hay personas que ayudan a financiar al partido, pero cuando no tienen electorado, no sé qué pueden ganar”, expresa.