La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, reapareció este lunes 23 de octubre en actividades institucionales tras mantenerse apartada durante semanas en el contexto de las jornadas de manifestaciones y bloqueos que realiza la ciudadanía para exigir su renuncia ante las acciones emprendidas contra el proceso electoral.

La funcionaria participó esta tarde en una reunión ordinaria del Consejo Nacional Para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), aunque de forma virtual. En tanto, de forma presencial asistió la fiscal de Sección de la Fiscalía de Extinción de Dominio, Jacqueline Azmitia.

La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, participó de forma virtual en reunión ordinaria del Consejo Nacional Para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio –CONABED-. pic.twitter.com/MqKGIzva6c

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 23, 2023

Porras visitó las instalaciones del MAIMI el pasado 18 de septiembre, esto como parte de las acciones de fortalecimiento del modelo. Ese mismo día, antes de la referida actividad, sostuvo una reunión con la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés, ambas como miembros de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia.

El Departamento de Información y Prensa del MP señaló en esa ocasión que las funcionarias abordaron la modificación de la adenda del convenio interinstitucional para el retiro de los Juzgados de Primera Instancia de Familia de las instalaciones del MAIMI. Además, la fiscal también sostuvo una reunión con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Delia Dávila, por el mismo tema.

Después de ello, Porras únicamente se había comunicado por medio de un video publicado en las redes sociales de la institución, en el cual se pronunció con respecto a los bloqueos que se mantenían en distintas carreteras del país, mismos que calificó como ilegales. Asimismo, exigió al Gobierno que le diera cumplimiento a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para retirar a los manifestantes, incluso con el uso de la fuerza.