El movimiento de los pueblos indígenas jugó un papel fundamental en el 2023 para evitar que el pacto de corruptos, encabezado por Giammattei y Consuelo Porras, diera un golpe de Estado técnico que impidiera la toma de posesión de la Presidencia por Bernardo Arévalo. En octubre de ese año, la marea humana que exigía el respeto al voto ciudadano alcanzó los 22 departamentos del país, siguiendo el ejemplo de los pueblos originarios, principalmente de Totonicapán y Sololá.

Ahora, el Ministerio Público (MP) se cobra venganza y lanza la cacería contra quienes defendieron la institucionalidad y los trata como criminales. Ese es el caso de Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena de Sololá, a quien señalan por los delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Fue detenido cuando iba a tratamiento de diálisis y le rechazaron la solicitud de que fuese internado en el IGSS por su deteriorada situación de salud.

Esta es la segunda vez que Porras criminaliza los derechos de los pueblos originarios a la manifestación y la libre emisión del pensamiento. En abril pasado capturó a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, así como a Héctor Manuel Chaclán, extesorero de esa organización indígena.

¿Cómo es posible que el derecho constitucional a la movilización de los pueblos indígenas el MP los califique de sedición y acciones terroristas? Según el Código Penal, la sedición la cometen quienes impulsan acciones por la fuerza o violencia para deponer o impedir a funcionarios que tomen posesión de sus cargos.

El delito de terrorismo se refiere a la alteración del orden constitucional por medio de la violencia o que se atente contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura. Se considera una amenaza grave contra el orden internacional y puede ser tratado con criterios similares a los delitos de lesa humanidad. ¿En qué cabeza desquiciada cabe calificar de sedición y terrorismo una manifestación pacífica, ampliamente documentada y amparada por derechos constitucionales?

El constitucionalista Mario Fuentes Destarac indica que el derecho de resistencia contra la opresión es la facultad inalienable que tiene la ciudadanía para adversar regímenes despóticos e ilegítimos. Es la facultad que le asiste al pueblo para reivindicar los derechos fundamentales amenazados o coartados, así como para defender la institucionalidad democrática y la participación ciudadana, lo cual está contenido en la Constitución.

De la misma manera, el ex secretario general de la OEA Luis Almagro dijo que de ninguna manera se pueden criminalizar las protestas pacíficas del pueblo guatemalteco porque le asiste la razón. Calificó de “injustas e indignantes” las acciones que llevó a cabo la Fiscalía. “Incluidas las acciones sesgadas e irracionales de algunos agentes del MP que socavan la independencia del voto y amenazan la estabilidad democrática”, afirmó Almagro.

La cacería de Porras contra los dirigentes indígenas forma parte de un patrón de criminalización, que incluye a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y personas que luchan contra la corrupción e impunidad. En mayo pasado, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, señaló a Porras y miembros del Organismo Judicial de ser responsables de esas acciones.

Lo expresado por la relatora confirma por qué el Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea han sancionado a Porras y a varios de sus colaboradores: su política de criminalización representa una grave amenaza para la democracia, la justicia y los derechos fundamentales. Toc Tzay, Pacheco y Chaclán son víctimas de esa política y deben ser puestos en libertad.