El pasado miércoles 7 de agosto se dio a conocer que un juez de Estados Unidos desestimó 6 de 8 demandas interpuestas por el Gobierno de México en 2021 contra fabricantes de armas en la nación estadounidense y donde exigían una compensación de US$ 10,000 millones de dólares.

El juez Dennis Saylor, de la Corte de Distrito de Massachusetts, desestimó 6 de 8 acusaciones que el gobierno mexicano había interpuesto encontra de las compañías “Sturm, Ruger & Company, Barret Firearmas Manufacturing Inc., Glock Inc., Colt´s Manufacturing Company LLC, Century International Arms Inc. y Beretta U.S.A. Corp”. En la desestimación Dennis Saylor argumentó que su conexión con el estado, donde se presentó el caso, era “tan delgada como una gasa”. En el informe judicial el juez indicó que México “no ha podido reunir pruebas suficientes para establecer una relación entre los daños reclamados y las transacciones comerciales de cualquiera de los seis demandados en Massachusetts”. Las empresas que sus cargos aún no han sido desestimados son “Smith & Wesson y Witmer Public Safety Group”.

Respecto a la decisión del juez, el Gobierno de México respondió mediante un comunicado que fue publicado en la cuenta de X de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el documento se expresa que se analizarán los pasos a seguir y que la demanda en Boston sigue vigente contra las dos compañías previamente mencionadas. En el comunicado se indica: “Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas. Las acciones contra estas seis empresas continúan. México está analizando, entre otras acciones, si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses”.

En el 2021, el Gobierno de México interpuso una demanda en contra de varios fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas de estilo militar a los cárteles de la droga mexicanos. El pasado mes de enero del presente año, ganó una apelación en el proceso. Esto fue catalogado como un hecho histórico, debido a que supuso la primera vez en que un gobierno extranjero presentaba una demanda contra la industria armamentística estadounidense.

Así mismo, en el mes de enero un representante de Glock, que fue una de las empresas favorecidas tras el dictamen de juez, había declarado a la agencia de noticias CNN, que se defenderían “vigorosamente” durante el proceso iniciado en su contra. Además, la empresa “Smith & Wesson, de la cual su caso no fue desestimado, declaró en su momento que de ser necesario recurrirían a la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. con el objetivo de afirmar la protección de la ley federal de Protección de Comercio Legal de Armas y de esta forma impedir que la demanda impuesta por México prosperara.