Fundesa: Guatemala enfrenta obstáculos en 63 proyectos de infraestructura que acumulan USD 9 mil 045.9 millones
Guatemala tiene identificados USD 9 mil 045.9 millones en proyectos de infraestructura para llegar a 2027, pero alcanzar esa cifra de inversión dependerá de resolver los obstáculos que mantienen detenida una parte importante de la cartera. De los 112 proyectos registrados al 31 de agosto, casi la mitad enfrenta trámites, impugnaciones, falta de estudios u […]
Guatemala tiene identificados USD 9 mil 045.9 millones en proyectos de infraestructura para llegar a 2027, pero alcanzar esa cifra de inversión dependerá de resolver los obstáculos que mantienen detenida una parte importante de la cartera.
De los 112 proyectos registrados al 31 de agosto, casi la mitad enfrenta trámites, impugnaciones, falta de estudios u otros procesos administrativos que retrasan su ejecución. El monto equivale al 97% de la meta nacional de inversión.
Un reciente análisis de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) muestra así una brecha entre la inversión proyectada y la capacidad de llevar los proyectos a una etapa efectiva de ejecución, uno de los principales pendientes para 2027.
UN PORTAFOLIO GRANDE, PERO CON AVANCES INSUFICIENTES
De los 112 proyectos, 32 están en amarillo, lo que significa que tienen estudios o preparación inicial, pero no logran avanzar por barreras legales, administrativas o financieras.
Entre estos se encuentran la Vía Exprés AV3, estimada en USD 785 millones; la CA-09 Norte entre Mayuelas y Puerto Santo Tomás, por USD 610 millones; y el tramo Jalapa–Mataquescuintla del Anillo C-50, por USD 352.8 millones.
Estos proyectos concentran USD 4 mil 351 millones, es decir, el 48% de toda la inversión prevista.
Otros 31 proyectos están en rojo, equivalentes a USD 924 millones, pendientes de iniciar o suspendidos. En total, 63 iniciativas —más de la mitad del portafolio— no han logrado entrar a ejecución.
En contraste, solo 24 proyectos están en verde (USD 2 mil 938 millones) y 25 en azul (USD 832 millones), es decir, obras en marcha o próximas a concluir. Aunque representan el 44% del portafolio, aún están por debajo de la meta de alcanzar el 50% de proyectos avanzados para diciembre de 2026.
CARRETERAS: EL CORAZÓN Y RIESGO DE LA INVERSIÓN
La infraestructura vial domina la cartera: 46 proyectos y USD 6 mil 103 millones, equivalentes al 67% de toda la inversión.
Esto significa que, si las carreteras no avanzan, el país podría paralizar dos tercios de su inversión pública estratégica. El resto incluye proyectos aeroportuarios, Metro Riel, puentes, caminos rurales, rutas turísticas y pasos a desnivel, pero ninguno con el peso financiero de la red vial.
Sobre el análisis, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explicó que lo que tendría que cambiar es concentrar recursos en pocos proyectos con estudios terminados, en lugar de dispersarlos; licitar en el primer trimestre y no en el segundo semestre; resolver derecho de vía y licencias ambientales antes de adjudicar.
“También hay que usar los instrumentos que ya existen, como el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP) y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria», que no necesitan reglas nuevas sino que se cumplan y que se implementen lo que la ley dice, agregó.
2027: EL AÑO PARA HACER LAS COSAS DISTINTO
Para 2027, el CIV tendrá Q10 mil 668.6 millones, un aumento de Q3 mil 036.8 millones respecto a 2026. Pero ese incremento no servirá de nada si se repite el mismo ritmo de ejecución.
Guillermo Díaz, economista de la ULR, explicó que la conectividad terrestre es el principal componente del portafolio y tiene implicaciones directas para el transporte de mercancías, los costos logísticos, la movilidad de las personas y el acceso a mercados.
“Estos proyectos resultan fundamentales para impulsar la economía y las previsiones de crecimiento del país”, agrega el analista. Además, 2027 es un año electoral, y si las obras no inician temprano, difícilmente progresarán, añade.
TRANSAPRENCIA Y GESTIÓN: EL TALÓN DE AQUILES
Aunque hay avances puntuales, el balance sigue siendo insuficiente, según Fundesa. Hasta septiembre de 2026, el CIV había ejecutado GTQ 3 mil 403 millones, apenas 43.86% de su presupuesto vigente.
De los 13 proyectos estratégicos de movilidad monitoreados por Fundesa, solo uno ha sido concluido. Zapata recomienda acciones inmediatas:
- Publicar un tablero mensual por proyecto con avance físico, financiero y cronograma.
- Fortalecer unidades ejecutoras con perfiles técnicos estables.
- Estandarizar bases de licitación para reducir impugnaciones.
- Abrir procesos a observación ciudadana y de colegios profesionales.
Su mensaje es claro: “La transparencia no frena la ejecución; al contrario, reduce impugnaciones y da confianza a los oferentes serios”.
Díaz agregó que la medida decisiva será cuántas iniciativas logran pasar de la planificación a la contratación, de la contratación a la construcción y de la construcción a la prestación efectiva de servicios.
CONGRESO Y CORTES: ACTORES ESENCIALES
Para Fundesa, el avance de los proyectos de infraestructura también depende de decisiones fuera del CIV. El Congreso y las cortes tienen un papel esencial para destrabar las obras, mediante las asignaciones presupuestarias, la supervisión de las leyes vigentes y la certeza jurídica.
Jorge Lavarreda, analista del CIEN, opinó que al Congreso le corresponde aprobar un presupuesto para 2027 realista y asignar recursos solo a proyectos que cuenten con “estudios listos”.
Por su parte, las cortes deben aplicar criterios consistentes y resolver en plazos razonables los amparos y las suspensiones, para evitar que los proyectos permanezcan detenidos durante años. El objetivo es garantizar certeza jurídica sin renunciar a la fiscalización.
Las demoras judiciales tienen consecuencias para los usuarios y la inversión. Como adviertió Zapata: “Cuando un proyecto queda detenido años por una acción judicial, el costo lo pagan los usuarios y se ahuyenta al inversionista”.
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EJECUTAR, NO ANUNCIAR
Guatemala tiene una cartera de infraestructura de gran escala, pero la verdadera medida del éxito será cuántos proyectos pasan de planificación a construcción y cuántos concluyen con beneficios reales para la población.
El país tiene 13 proyectos amarillos listos para iniciar contratación y cinco con avances próximos que podrían pasar a verde si se asegura financiamiento. Destrabar estos casos podría cambiar el panorama en cuestión de meses.
Cada retraso significa carreteras sin construir, puentes sin terminar, aeropuertos sin modernizar y oportunidades económicas perdidas. Cada avance, en cambio, se traduce en competitividad, empleo, movilidad y calidad de vida.
Para los consultados, Guatemala entra a 2027 con una oportunidad única: convertir USD 9 mil 046 millones en infraestructura real. Pero para lograrlo, el país debe cambiar la forma de trabajar, acelerar decisiones, fortalecer la gestión pública y garantizar certeza jurídica.