El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó este jueves 10 de octubre su repudio por los reportes de secuestro y tortura de menores en centros de detención en Venezuela y los calificó como «crímenes de lesa humanidad» que deben ser castigados.

Almagro señaló en un comunicado la existencia de audios «escalofriantes» de dentro de los centros de detención donde «menores de edad son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación o incluso abusos sexuales».

Esos menores, detalló el secretario general, están detenidos «con acusaciones irracionales e infundadas como terrorismo y traición a la patria».

Almagro condenó «en los más fuertes términos las atrocidades cometidas» y afirmó que «estos crímenes de lesa humanidad cometidos contra menores constituyen una nueva dimensión jurídica de responsabilidad criminal internacional de las autoridades del régimen».

«Como comunidad internacional, debemos velar para que no queden sin castigo y, a tal fin, seguiremos adoptando las medidas en el plano internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia», declaró.

En Venezuela hay 1.916 detenidos por «motivos políticos», según información de la ONG venezolana Foro Penal difundida el miércoles. A través de X, la organización detalló que, del total de detenidos, 1.676 son hombres y 240 mujeres, de los cuales 1.846 son adultos y 70 adolescentes entre 14 y 17 años.

La ONG precisó que, del total de las aprehensiones, 1.784 se hicieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de «fraude» de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que afirma que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo, frente al resultado oficial, que dio la reelección a Nicolás Maduro.

El Gobierno de Venezuela responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la PUD- de generar «violencia» y «vandalismo» en varias sedes públicas, mientras que el bloque antichavista acusa de «represión» a los agentes de seguridad del Estado en las protestas.